Decir que hay peruanos –informales– que no pagan impuestos, no es cierto. Todos los peruanos contribuimos tributariamente al erario nacional. No importa la edad, profesión, condición económica, o lugar de nacimiento. Todo peruano que compra un paquete de galletas o un balón de gas; todo peruano que echa gasolina –o petróleo– a su moto, carro, o camión; todo peruano que usa un celular, enciende un foco de luz en su casa, o se toma una cerveza, paga impuestos.
Claro que hay informalidad –y evasión tributaria– pero no al 100%. Es imposible que un peruano pueda sobrevivir sin adquirir un bien o un servicio que haya evadido todos los mecanismos recaudadores del Impuesto General a las Ventas (IGV) de la SUNAT. No hay forma.
Entonces, como contribuyentes que somos, y en contraprestación por los impuestos que le pagamos al Estado, los peruanos tenemos el derecho –y el deber– de exigirle buenos servicios de agua, limpieza pública, salud, educación, seguridad, justicia; en fin, todo lo que el Estado –supuestamente– debe brindarnos. Incluso, infraestructura como carreteras, hospitales, escuelas, etc. Si no ¿para qué están los municipios, los gobiernos regionales, los ministerios, la policía, y el poder judicial, entre otros?
Aclarado el punto de que el Estado está para servirnos –porque de nosotros sale el cuero para las correas– debemos ser mucho más exigentes en cuanto a la eficiencia y moralidad en el Estado. No puede ser que –con nuestros impuestos, y en plena pandemia– el Estado haya contratado a Richard Swing, “para motivar a funcionarios del Ministerio de Cultura”. Por sólo mencionar un caso emblemático del pésimo uso de nuestros impuestos por parte del Estado.
Porque –como sabemos– el Estado está atiborrado de amigos, cuñados, familiares, y recomendados de miles de autoridades que utilizan al Estado para favorecer a personajes que no sirven para nada; y –peor aún– que no tienen ningún mérito académico, profesional, laboral, más allá de ser amigo –o allegado– de la autoridad que los contrata. ¡Habiendo tanta gente capaz y honesta!
El hecho es que más o menos desde el 2005 –y está documentado en las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas– el gasto del Estado en contrataciones administrativas, consultorías, y todo lo demás –fuera de los ámbitos de Salud, Educación, Seguridad, y Justicia– ha subido de S/5,000 millones anuales, a cerca de S/35,000 millones por año. O sea ¡7 veces! Incluso, el 2020 –el año en curso, año de la pandemia– el presupuesto público en esas partidas es el más elevado de toda la serie. ¡No hay derecho que malgasten así nuestros impuestos!
Pero ahí no acaba la cosa. ¿Qué proponen algunos políticos para cubrir el déficit fiscal que –obviamente– se ha disparado ante la brutal caída de la recaudación tributaria, producto de la cuarentena? ¡Aumentad los impuestos!
La pregunta es ¿acaso no hay espacio para reducir algunos gastos en el Estado: tipo Richard Swing? ¿Por qué nadie habla de ello? Incluso –¡qué desconcertante!– muchos economistas y académicos plantean lo mismo: “hay que subir los impuestos, no queda otra”.
Pues a mi me parece una falta de respeto hacia los contribuyentes –que como expliqué al comienzo de esta nota– somos todos. Me parece una gran irresponsabilidad no tocar el tema de la súper burocratización del Estado durante los últimos 15 años. Me parece pésimo que el presupuesto público del próximo año –2021– no contemple ningún ajuste burocrático en dependencias estatales que están por las puras y que nos cuestan un montón de plata.
“No se puede” dicen algunos políticos cuando se le toca el tema. ¡Falso! La respuesta que no se atreven a decir es “no nos conviene”.
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