El presente artículo se publica con el permiso de la Asociación CÍVICA por el Perú.
Muchas personas despotrican contra la informalidad en nuestro país. Políticos, periodistas, académicos… la informalidad tiene muchos detractores. ¿Qué dicen estos sabelotodo al respecto? Pues que la economía del Perú es 70% informal… y que ese es el principal problema del país.
La pregunta es ¿por qué tantos compatriotas compran y venden sin factura? Mejor dicho ¿por qué evaden el IGV? que – como se sabe – es el 18% del valor del producto o servicio en cuestión.
Muchos despotrican – también – de la informalidad laboral. O sea, de las empresas que no pagan “beneficios sociales” a sus trabajadores. La pregunta es ¿por qué evaden los aportes a las AFP y a Essalud? los cuales suman alrededor del 23% de las remuneraciones (14% a las AFP, y 9% a Essalud). ¿Por qué evaden los pagos por vacaciones (1 mes al año), gratificaciones (2 meses al año), y CTS (1 mes al año)? ¿Por qué?
A ese respecto, pregunto: ¿sabrán esos criticones que hay casos en que los “beneficios sociales” superan a las remuneraciones efectivas que perciben los trabajadores? O sea, si un trabajador gana como 100 ¡el costo para las empresas es como 200… o más!
Sí pues… es muy fácil hablar – desde la tribuna – en favor de la formalidad y la estabilidad laboral. Pero ¿por qué no les preguntan a los pequeños empresarios… qué opinan de ello? ¿Por qué no se ponen en su pellejo? ¿Qué pasa si caen las ventas? Y si caen ¿de dónde sacarían la plata para pagarles a los trabajadores?
Bueno pues. Eso que no es mayor problema para las grandes y medianas empresas, sí lo es para miles – y miles – de pequeñas empresas que son la gran mayoría en nuestro país. Reconozcámoslo. Nuestra legislación laboral es muy onerosa – y rígida – para los pequeños empresarios.
Ahora veamos el caso desde otro ángulo… ¿acaso el Estado es un buen administrador de nuestros impuestos? ¿Cómo están los servicios de agua, salud, educación, seguridad y limpieza pública? ¿Y en cuanto a la corrupción en el Estado… acaso no abundan los casos de funcionarios corruptos que abusan – precisamente – de los pequeños empresarios? Entonces ¿qué esperábamos? ¿Formalidad con alta tributación, rigidez laboral, y corrupción estatal? No pues. Había que ser muy ingenuo para esperar formalidad bajo esa nefasta trilogía.
Pero ahí no terminan los males de los informales. Las altísimas tasas de interés bancarias son un problema. La ausencia de Institutos Superiores Tecnológicos especializados en los rubros “informales” también. Y mil carencias más.
CONCLUSIÓN:
El Estado tiene una gran responsabilidad en la problemática de la informalidad en nuestro país. Efectivamente, aparte ser honesto y eficiente, debería bajar el IGV. También debería flexibilizar – e incluso abaratar – el empleo formal. Por otro lado, debería promover una mayor competencia entre empresas bancarias especializadas en el financiamiento de pequeñas y microempresas, para que bajen las tasas de interés. Asimismo, debería asumir un rol mucho más proactivo en el tema de la capacitación requerida por los empresarios informales.
Seamos sinceros. Dejémonos de hipocresías. Si no fuera por los pequeños empresarios informales, el desempleo en el país sería una bomba de tiempo. Y la economía estaría en estado ruinoso. Por todo ello – y por mucho más – el país está en deuda con los informales.
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