“Los informales no le han fallado al Estado. El Estado les ha fallado a los informales”. La expresión entre comillas proviene de dos jóvenes arequipeños, a quienes no conozco personalmente. Sin embargo, qué grato y aleccionador resultó conversar con ellos por teléfono, a raíz de mis artículos de opinión –y videos– que suelo propalar a través de Lampadia y/o mis redes sociales.
Bueno pues –como millones de peruanos– estos jóvenes mistianos están muy preocupados por el tema de la informalidad en nuestro país. Es que los paganos de la informalidad son ellos, los jóvenes. Efectivamente, son los jóvenes quienes enfrentan las mayores dificultades para conseguir empleos formales en el sector de las micro y pequeñas empresas. Incluso, ¿qué difícil les resulta formar sus propias empresas?
Ya lo hemos comentado en otras oportunidades. La maraña de trámites y permisos absurdos requeridos para formar una pequeña empresa, las rigideces y altos costos de la legislación laboral, el 18% de Impuesto General a las Ventas (IGV), las elevadas tasas de interés para los microcréditos, y –en general– la falta de soporte educativo práctico en gestión de pequeñas empresas, son –todos– impedimentos y trabas para para la formalización del empleo y el emprendimiento en nuestro país.
También hemos comentado –repetidamente– acerca de la propuesta de Lampadia de disponer de una fracción del IGV como aporte individual de capitalización de pensiones de los respectivos compradores (consumidores). La verdad, nunca había escuchado acerca de una mejor medida para “formalizar a los informales”. Algo así como matar varios pájaros de un tiro: universalizar las pensiones, reducir el IGV, fiscalizar a las empresas, ampliar la base tributaria, ¡qué gran idea!
Ahora bien, todo lo anterior requiere –de antemano– de voluntad política al más alto nivel. Es decir, del Número 1. Y –en segundo lugar– la propuesta de “formalizar a los informales” requiere de un cambio de actitud radical de las autoridades ministeriales y municipales –incluso, de las autoridades policiales y judiciales– de todo el país. Y ¡esa es la gran duda!
¿Acaso los inspectores municipales, policiales y judiciales no viven malamente –y abusivamente– del chantaje sistemático y permanente a los informales? ¿Acaso los ministros –y sobre todo, los alcaldes y sus regidores– están dispuestos a simplificar o eliminar papeleos y trámites burocráticos? O más relevante aún ¿acaso están dispuestos a digitalizar toda la tramitología empresarial y laboral en sus jurisdicciones?
¿Cómo –y a quién– van a chantajear si se simplifican y digitalizan todos los trámites y permisos? ¿De dónde sacarán la marmaja si se eliminan las colas, y los papeleos, y las firmas, y los sellos, y –por ende– las coimas?
Por eso decía que para “formalizar a los informales” se requiere de la voluntad política, al más alto nivel. ¿Está el Presidente de la República dispuesto a comprarse el pleito de la verdadera lucha contra la corrupción en el Estado? Porque –como también hemos comentado repetidamente en este medio– la gran corrupción en el Estado peruano está ahí abajo, en lo que hemos denominado la costra del quinto nivel. No sólo en los peces gordos. Entonces repito ¿está el Presidente dispuesto a quitarle las gollerías a las autoridades ministeriales, municipales, policiales, y judiciales? ¡Esa es la gran duda!
Tienen –pues– razón los jóvenes peruanos de preocuparse por la informalidad generalizada en nuestro país. Son ellos los paganos, los que sufren las consecuencias de la informalidad. Son ellos los maltratados y chantajeados por nuestras autoridades.
Por ello, hago mía –y agradezco– la expresión de los jóvenes arequipeños: “Los informales no le han fallado al Estado. El Estado les ha fallado a los informales”. Incluso agregaría: “y les sigue fallando”.
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