Carmen Rosa Villa es una peruana que fue asesora del Ministerio de Justicia (2016-17) y se ha hecho famosa en la opinión pública internacional por asegurar que, de acuerdo con la información brindada por el Instituto de Medicina Legal de Colombia, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá se guardaban 20,000 cadáveres sin identificar porque era el único lugar donde se podían mantener.
Las declaraciones de la, ahora, vocera del Comité de la ONU para la Desaparición Forzada han causado alarma entre las autoridades de ese país y su diplomacia. Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal ha negado la versión, afirmando que desconoce la existencia de un hangar en el aeropuerto para guardar cadáveres, mientras que la Procuraduría realizó una inspección de los 27 hangares, tras la cual concluyó que no se encontraban los supuestos cadáveres.
Obviamente, la Cancillería de Colombia —según el diario El País— ha enviado una nota de protesta ante el Comité para exigir “explicaciones claras” y ha emitido un comunicado en el que rechaza categóricamente las afirmaciones de la funcionaria de las Naciones Unidas, porque “carece de respaldo y compromete la rigurosidad y credibilidad del Comité”.
Para mayor vergüenza del Comité de la ONU, el canciller Luis Gilberto Murillo afirmó que “el Gobierno nacional subraya que la verificación rigurosa de la información es indispensable para preservar la confianza y la efectividad de los mecanismos de las Naciones Unidas” y añadió: “Esta declaración, carente de sustento, ha generado confusión y controversia en el país”.
Al comunicado se suman las declaraciones del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo: “Es una afirmación muy grave y no verificada, frente a la cual la opinión pública merece transparencia”.
La vocera Villa explicó que el Comité no visitó las instalaciones del aeropuerto El Dorado, pero “recibió información” del Instituto de Medicina Legal, quien lo negó tajantemente. Lamentable que, en base solo a entrevistas que, tantas veces, son realizadas a interesados, se ofrezcan declaraciones y hasta se decida la vida de las personas a partir de las visitas de estas misiones de la ONU.
¿Qué deseaban “demostrar” los expertos en Desapariciones Forzadas de la ONU con tamaña mentira? ¿Cuál hubiera sido el paso siguiente? Lógicamente, buscar al culpable de la no identificación y de la “muerte” de nada menos que 20,000 personas. ¿Les echarían los muertos a cualquiera que representara el orden y la seguridad en los momentos de mayor violencia ocasionada por las FARC, el ELN y otros grupos? Sospechamos que sí.
El gobierno de Gustavo Petro (exmiembro de la guerrilla en el M-19) ya entró en contradicciones sobre la grave denuncia, porque las declaraciones de su representante en la ONU, Gustavo Gallón, le han restado importancia y han subrayado el papel de este organismo en el proceso de paz.
Esta es una clara muestra de la ligereza con que actúan algunos expertos en Derechos Humanos de la ONU. En el Perú, tenemos experiencias de verdaderas injusticias que se han cometido contra personas encargadas de velar por el orden y la seguridad, y, en cambio, se ha favorecido —entregando millonarias sumas de dinero— a “supuestas víctimas”, porque las “famosas misiones” basan sus conclusiones en afirmaciones que no verifican, ya que se entretienen, más bien, en disfrutar de la gastronomía.
En un país como Colombia, tan atacado por décadas a manos de la violencia asesina de agrupaciones como las FARC y el ELN, las declaraciones de Villa en una conferencia de prensa internacional han abierto una innecesaria herida en los ciudadanos.
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