Los incendios forestales que se producen en diversas regiones de la Amazonía son la consecuencia de la falta de implementación de las políticas de Estado que, desde mucho antes de la creación del actual Ministerio del Ambiente (MINAM), fueron diseñadas y, más tarde, recogidas en distintas leyes, ahora modificadas por la actual Ley 31973 de 2023, que ha producido tanta polémica y ha sido bautizada como una “Ley antiforestal”.
La actividad forestal, desde hace décadas, es una de las más informales en el país, lo que ha tenido como consecuencia la grave deforestación de nuestra Amazonía, situación que preocupa a todos, incluyendo a la comunidad internacional, porque afecta a uno de los grandes pulmones del planeta.
En muchas regiones de la selva se usa la “unidad tablar” para realizar transacciones de bienes y servicios. El aprovechamiento ilegal de los bosques ha traído como consecuencia la pérdida de grandes hectáreas y ha enriquecido a muchos que favorecen la actividad ilícita de pequeños agricultores, convirtiéndolos en proveedores baratos para pocas y grandes empresas madereras.
Esta actividad ilegal se mueve en un contexto violento, donde grupos mafiosos actúan desde hace muchas décadas, sin ley ni orden, a la manera de la minería ilegal del oro, mezclándose con el narcotráfico y dando lugar a otras actividades ilegales de altas ganancias para las mafias de proxenetas nacionales y extranjeros, como es el tráfico de personas, la gran esclavitud del siglo XXI.
Pero los incendios, propiamente, no solo son producto del cambio climático, los vientos, pequeños descuidos o prácticas ancestrales; sino que la sospecha recae, sobre todo, en quienes quieren destruir adrede el bosque para conseguir amplios terrenos para el cultivo, que van desde la coca hasta la palma aceitera, productos que, obviamente, son “mucho más rentables”.
Hay demasiados intereses y expectativas desmedidas detrás que influyen en la brutal deforestación de la Amazonía, tanto de muchas empresas madereras, que siempre se negaron a la “certificación de la madera” que exige prácticas de sostenibilidad ambiental, como es el caso de la obligatoriedad de la reposición de las especies, como de quienes quieren amplios terrenos para convertirlos en tierras de cultivos ilícitos o de gran rentabilidad.
El Ministerio del Ambiente (MINAM) se creó para que cumpliera un rol fundamental en el desarrollo sustentable del país; pero el ministro Juan Castro Vargas no se ha manifestado con contundencia sobre lo que está pasando en nuestra Amazonía desde hace décadas.
Los incendios forestales que ahora nos preocupan y están dando la voz de alerta son solo un botón de muestra de los tantos problemas que existen en la selva. El Perú está entre los países de mayor biodiversidad en el mundo y no merece que quienes deben liderar las políticas medioambientales parezcan ser cómplices de la impunidad y deforestación, porque desconocen la historia y no tienen visión para preservar nuestros recursos y, más aún, preservar los bosques, que son el oxígeno del presente y el futuro.
En el Congreso, fuimos uno de los gestores y autores de la Ley General del Ambiente 28611, aprobada el 23 de junio de 2005, en la que trabajamos por más de 3 años con los distintos sectores estatales, el sector privado y la sociedad civil. Dicha ley establece los principios y normas básicas para un ambiente saludable y equilibrado, y constituye un punto de quiebre en nuestra legislación, sirviendo de base, incluso, para muchas sentencias del Tribunal Constitucional.
Nos preguntamos si el actual ministro la conoce, porque no vemos su interés por implementarla.
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