Fue un hecho insólito que se cierre el aeropuerto internacional Jorge de Chávez de Lima, suspendiendo sus operaciones, de un momento a otro, por un corte de luz en la pista de aterrizaje causado por un corto circuito. Un hecho que afectó a 286 vuelos y más de 21 mil pasajeros; pero que, hasta ahora, ha dejado en pie al ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, y al máximo responsable de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), José Luis Barrios.
Ambos, asistieron al Congreso y ofrecieron declaraciones a la prensa, minimizando el hecho al afirmar que se trataba de un asunto fortuito en el que, lo más importante, es que “no había víctimas mortales que lamentar”, demostrando, una falta de visión amplia para sopesar el daño a los pasajeros, las compañías aéreas, el personal de tantas organizaciones relacionadas con el transporte aéreo y, principalmente, a la confianza internacional que deben tener los operadores turísticos de todo el mundo en nuestro terminal aéreo más importante.
Este hecho insólito, fue la consecuencia de otro más insólito todavía, porque ha quedado demostrado que CORPAC no se ha preocupado en décadas, por realizar el debido mantenimiento a los cables de energía del aeropuerto que está llamado a ser el más importante de Sudamérica por la situación geográfica de nuestro país, en el corazón del continente; poniendo en peligro la vida miles de personas.
Los cambios de ministros del sector en el gobierno de Pedro Castillo, principalmente, ha demostrado su debilidad organizacional y los problemas de corrupción que no han dejado avanzar al Perú en términos de infraestructura de transporte aéreo. El Ministerio ha estado en manos de Juan Silva (ahora, prófugo de la justicia), Nicolás Bustamante, Juan Barranzuela, Geiner Alvarado (con dictada prisión preventiva) y Richard Tineo.
Situación que este gobierno parece que no haber podido superar y que, tantas veces, ha creado conflicto entre Córpac y Lima Airport Partners (LAP), la concesionaria operadora del aeropuerto; como se hizo evidente en la decisión de la empresa estatal al optar por no dar el pase para el uso de la pista 2 en plena emergencia, aduciendo que la torre de control cuenta con ventanales que distorsionan el avistamiento de los aviones, contrariamente a lo que les recomendó LAP.
La cantidad de personas que se ha visto perjudicada por la caída de los servicios del aeropuerto de Lima y, en consecuencia, de los de todo el país, no ha sido recompensada como corresponde y, en caso de muchas de ellas, no se podrá realizar porque han perdido su propia boda o la asistencia al sepelio de sus padres, sus vuelos y otros acontecimientos en los que llegar un día determinado a una hora determinada, era imprescindible.
Los pasajeros han dormido en el suelo y han sufrido la falta de alimentación e higiene, tanto en el aeropuerto de Lima, como de todo el país. En ningún caso, CORPAC se ha hecho responsable de ayudarlos ni de facilitar sus vuelos, como tampoco han ayudado a las compañías aéreas, quienes también sufrieron las consecuencias de la crisis.
Las pérdidas económicas ascenderían a cifras superiores a los 10 millones de dólares, de acuerdo a fuentes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), “sin considerar los impactos negativos a la imagen del país y los efectos adversos en la planificación de futuros viajes al Perú”. Por tanto, el hecho no se puede pasar por agua tibia, debe haber una sanción política y judicial a quienes resulten responsables.
Comments