Phillip Butters, que dice no ser periodista, pero que ejerce como tal, ha recurrido con éxito al Tribunal Constitucional para que le entreguen y se haga público el Acuerdo de Colaboración Eficaz entre el Equipo Especial de la Fiscalía - Caso Lava Jato y Odebrecht, empresa confesa de actos de corrupción. El magistrado César Ochoa consideró que se trata de un “proceso de hábeas data que tutela el derecho de acceso a la información pública, que es un derecho fundamental de toda persona (…) por tanto, no puede haber una reserva eterna, porque el fin constitucional de esta reserva ya se cumplió”.
La cultura del secretismo, contraria a la de la transparencia, mediante la cual los ciudadanos tienen “derecho” a conocer, de la manera más sencilla y franca, los actos públicos, necesita de un activismo social, porque es la única manera de hacer “conciencia”, para que tanto las instituciones públicas como privadas de servicio público elaboren sus protocolos a fin de que la información fluya con la mayor naturalidad.
Este derecho, antes que legal, es un derecho humano natural que pertenece al ámbito de la ética, es decir, del comportamiento de las personas, especialmente de los líderes que conducen las instituciones y que, por eso, nuestra Constitución y la ley deben garantizar. En un país eminentemente “legalista” como es el nuestro, se olvida muchas veces que, antes que la ley, está la ética, la moral y, es más, todo cuerpo legal solo debe limitarse a esta fuente, raíz de los derechos humanos.
Por tanto, las personas tenemos el deber de obedecer SOLO las leyes que estén en concordancia con estos principios humanos y, de ninguna manera, las que los contradigan, como el derecho a la VIDA. También tenemos el derecho humano a que las leyes reconozcan y los jueces cumplan los mandatos legales que emanan de la Carta Magna, siempre que favorezcan a las personas.
Hay derechos que podríamos denominar “tempranos”, porque las Constituciones los recogieron desde un inicio; pero hay otros, más bien “tardíos”, porque han necesitado más décadas o incluso siglos para que sean reconocidos “legalmente”; lo cual, de ninguna manera quiere decir que, como “derechos humanos”, no hubieran existido “siempre”. Un ejemplo claro es el derecho de las personas a la “información”. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (27806) del año 2002, relativamente reciente, se aprobó cuando éramos parte del Congreso de la República; pero ha tardado mucho en implementarse en todos los Poderes del Estado, los ministerios e instituciones públicas y, más todavía, en las privadas de servicio público.
De aquí el valor y la responsabilidad de los comunicadores, todavía llamados “periodistas”, que recurren con seriedad a la investigación, con el objetivo de colmar el derecho a la información de sus públicos y —de ninguna manera— por brillar personalmente o por subir puntos en el rating, porque esto último les lloverá por añadidura. De aquí también la necesidad de que los líderes de las Direcciones de Comunicación en instituciones y distintas organizaciones entiendan que su compromiso no está en “lavar la cara” a sus jefes o solo superar sus crisis de reputación, sino que están para servir a sus públicos y propiciar un intenso diálogo social.
El problema no son las herramientas, ahora digitales, sino la “falta de voluntad” para construir una “cultura de transparencia”, contraria a la del secretismo, porque simplemente no se quiere compartir “poder” en una sociedad que se precia de “democrática”.
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