El paro general del transporte que se llevó a cabo en Lima y Callao, motivado por los altos niveles de delincuencia contra las empresas de este sector, fue inmediatamente “respondido”, al siguiente día, por las bandas dedicadas a la extorsión, produciendo un incendio de grandes proporciones en la cochera de un colegio que terminó con 25 vehículos en Independencia; y el mismo día de la huelga, los ataques de las mafias a los microbuses continuaron y apagaron la vida de una joven madre de 19 años, quien viajaba con su pequeña hija de 2 años en sus brazos.
Estos dos hechos lamentables nos están mostrando que las estrategias del Estado, contra el cobro de cupos a los transportistas, no están dando resultados; sin embargo, según fuentes confiables, son muchos los especialistas que han hecho llegar al Poder Ejecutivo, proyectos que no han recibido ninguna respuesta. Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha presentado nuevas medidas que, si no funcionan, dice que “tendremos que dar un paso al costado”.
En ese contexto, se ha decretado el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y todo el Callao. Se ha dejado fuera a San Isidro y otros, considerados como más seguros; pero este viernes, en pleno corazón del distrito financiero, un empresario –que había sido amenazado de muerte si no pagaba el “cupo” a los extorsionadores– fue asesinado a balazos, a bordo de su automóvil de alta gama.
“Debemos pagar para vivir”, aseguran las víctimas.
Una situación de violencia urbana exacerbada, con una marcada tendencia a crecer exponencialmente y que, por tanto, requiere de medidas extraordinarias para que la extorsión delincuencial, tanto al sector transporte, como hasta los dueños de pequeñas bodegas, pueda ser controlada. Esta modalidad, que consiste en el cobro de un “impuesto ilegal” con el que se extorsiona a las víctimas, a cambio de protección o asegurarles la vida, nació hace décadas en Trujillo y tuvo como centro de operaciones el distrito Florencia de Mora, cuna de la famosa “Banda de los 80” y es, en La Libertad, donde se producen los crímenes más atroces, ligados a la minería tomada por las mafias.
Tipificar el “delito de terrorismo urbano” es una de las medidas con las que, tanto el Ejecutivo como el Legislativo parecen estar de acuerdo y es también apoyada por los gremios empresariales, ya que, si bien las grandes empresas tienen la posibilidad de contratar seguridad privada; no pasa lo mismo con las pequeñas y medianas.
El proyecto que cuenta con 16 iniciativas en el Congreso y un dictamen aprobado por la Comisión de Justicia y DD.HH., en el mes de junio, será discutido en el llamado “pleno temático” sobre seguridad ciudadana que se realizaría esta semana.
La iniciativa legislativa contempla modificar el Código Penal para tipificar como “terrorismo urbano” los delitos que se cometan con la participación de dos o más de: sicariato, extorsión, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de migrantes, explotación sexual, entre otros. En caso se apruebe, ofrecerá el marco legal necesario para que la Policía pueda actuar con mayor dureza y eficiencia contra el crimen.
Ahora, lo realmente importante, es la “voluntad política” del gobierno a quien, en apariencia, le “tiembla la mano”, tal vez, por temor a las denuncias que pudieran hacerle los llamados caviares. Pero las víctimas han dicho “basta” y los transportistas han demostrado que de no haber señales de solución, pueden parar la vida de los ciudadanos en la capital.
Comments