El Congreso de la República eligió al congresista José Williams Zapata, líder del exitoso operativo Chavín de Huántar, como su nuevo presidente; coincidentemente, el mismo día en que se cumplían 30 años de la captura del cabecilla de los terroristas de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
Sin duda, un duro golpe para el Gobierno y sus satélites que esperaban obtener la Presidencia de la Mesa Directiva presentando 5 candidatos, aplicando la estrategia del “divide y vencerás”, para mermar la fuerza del voto democrático que terminó imponiéndose, en la segunda vuelta, y eligiendo a Williams como a su nuevo presidente.
Esta elección fortalece la división y el balance de poderes que debe existir en toda democracia; porque solo una representación nacional con mayor independencia y autonomía es capaz de fiscalizar y ejercer el control político del Gobierno; tan necesario en estos momentos en que la incapacidad y las evidencias de corrupción que encuentra la Fiscalía en miembros del Ejecutivo y sus allegados, aumentan exponencialmente.
En este año crucial para la democracia, el presidente Williams ha empezado marcando muy bien la cancha, consiguiendo que el Presidente de la República, José Pedro Castillo, sea quien concurra a su despacho del Palacio Legislativo en un primer encuentro protocolar y no al revés. Gestos políticos como este son los que auguran el fortalecimiento del Parlamento durante la legislatura 2022-2023.
El estudio y aprobación de las leyes de Presupuesto, Cuenta General de la República, Equilibrio Fiscal y Endeudamiento, están entre los grandes retos que, en breve, debe asumir la Representación Nacional; sin olvidar la importancia de fiscalizar el cumplimiento de las mismas, en el año que termina. Por cuanto es sabido que el entusiasmo que ponen el gobierno central y los subnacionales en solicitar la aprobación del Presupuesto se les acaba en el momento de malgastarlo o de devolver porcentajes significativos al erario nacional, por la incapacidad y la corrupción que impera, cuando deben hacer las obras necesarias en los sectores de Salud, Educación, Transportes, Vivienda y un largo etcétera.
Si bien a los representantes no les corresponde hacer obras -como se piensa, de manera equivocada- sí tienen la obligación de fiscalizar que el Ejecutivo, en sus tres niveles, las lleven a cabo con oportunidad, puntualidad y calidad, porque el meollo de la desconfianza y las falsas expectativas de la ciudadanía, se produce a este nivel. Cuando ven frustradas sus esperanzas de una buena carretera, de un buen puente, de un buen hospital o excelentes escuelas y colegios que brinden la mejor Educación para todos.
Sin embargo, un Congreso, en manos de satélites del Gobierno, claudicaría o, al menos retrasaría, su función fiscalizadora, tan necesaria e importante para marcar el ritmo de una gobernabilidad sana que permita el desarrollo del país, con base a cubrir las necesidades de los ciudadanos, sirviendo al bien común.
Solo un Congreso en manos de una oposición responsable es capaz de espolear al Ejecutivo para que cumpla con su deber de ejecutar un Plan de Gobierno realista, de manera eficiente y honesta, lejos de un populismo derrochador; así contribuirá a que se cubran las necesidades básicas de millones de peruanos y apoyará para que en nuestro país el buen hacer acabe con cualquier populismo peligroso. Este Congreso se las jugó en estas últimas elecciones internas, pero ha ganado el oxígeno que el Perú necesita para seguir respirando con esperanza.
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