El gobierno actual tiene poca tolerancia con la libertad de expresión; desde un inicio, el Presidente ha huido de las preguntas de los periodistas, no son pocas las veces que miembros de su entorno los han maltratado hasta físicamente y son muchas las denuncias que se han hecho desde el Instituto de Prensa y Sociedad, y del Consejo de la Prensa.
El papel del periodista es ofrecer al público contenidos informativos veraces, cueste lo que le cueste. Y en la medida que se esfuerce por investigar y cotejar fuentes -haciendo un esfuerzo por superar los obstáculos que pueden provenir desde dentro, de su propia subjetividad; como desde fuera, desde los intereses de su propia empresa o los poderes políticos o económicos-; en esa medida, su trabajo colmará el derecho a la información del público.
Los gobiernos, con vocación democrática, saben que los periodistas van a informar y fiscalizar siempre al poder, en nombre de los ciudadanos. Porque, aunque no hayan recibido un mando en las urnas -como es el caso de los congresistas- se lo demandan los ciudadanos a quienes sirven, mediante el ejercicio de su profesión. Por tanto, a diferencia de los gobiernos de corte autoritario, facilitan el flujo de la información ofreciendo entrevistas, conferencias de prensa, declaraciones y usando las herramientas que hagan falta para garantizar la transparencia de su gestión.
No es el caso de este gobierno que, a través de la inversión en publicidad, está queriendo convertir los contenidos informativos libres, en propaganda política al mejor estilo de Hitler y Stalin juntos. Es por eso que estaría recurriendo a diversas estratagemas, como es el caso de algunas “pequeñas empresas periodísticas”, creadas o empoderadas por el régimen, para comprar o concesionar emisoras de radio y televisión en provincias, con la espalda financiera del presupuesto nacional. Es un asunto que los periodistas deben investigar a fondo, empezando por Iquitos, para saber hasta qué punto esto es así, o no.
Para muestra un botón. El Presidente le ha enviado una carta a la directora del programa dominical ‘Panorama’, Rosana Cueva, para que se rectifique “en 24 horas” de una información que considera falsa, pero sin aportar pruebas. Tan absurdo pedido, requeriría en la práctica que se hubiera tenido que producir, ipso facto, un “programa especial” el lunes 11 pasado. “No voy a permitir que el ejercicio abusivo de las libertades de expresión y de información, cuyo único objetivo es desestabilizar el gobierno que legítimamente presido, mellen mi autoridad y la confianza del pueblo en este gobierno”, ha escrito el Presidente a la periodista.
Con todo respeto, Presidente, lo único que puede “mellar la autoridad de quien la ejerce legítimamente”, ya sea que dirija un país, una empresa o una familia, es el propio líder, si es que su conducta no es ejemplar y, sobre la suya y su entorno, pesan demasiados cuestionamientos que, si bien son los periodistas quienes los informan, no se ha negado la existencia de las visitas sospechosas a la casita de Sarratea, Karelim López no es un fantasma, ni los sobrinísimos, ni ex secretario, Pacheco.
Los líderes democráticos saben que, desde hace mucho, no se gobierna desde un palacio, sino desde una casa de cristal. Así lo exige el “pueblo” para quien los gobiernos trabajan. Nada se puede ocultar, menos en la era de la información global y digital. Pero, si aún dudan, pregunten a los expresidentes Toledo y Humala; de la experiencia de otros también se aprende.
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