No es casualidad que el puerto de Guayaquil sea el más golpeado por la violencia narcoterrorista que sufre Ecuador; por su ubicación estratégica e infraestructura es, desde hace tiempo, parte importante de la ruta de la droga y paraíso para los carteles internacionales que la envían a los mercados de Europa y Estados Unidos donde cuentan con una red de distribución muy bien organizada y con beneficios pingues.
En el mes de junio pasado, tuvimos la oportunidad de viajar a ese puerto y, nos sorprendió en el aeropuerto, el primer día de toque de queda que implantó el expresidente Guillermo Lasso, como una media urgente de respuesta a los asesinatos diarios.
Nos llamó la atención ver a miembros del Ejército, por toda la ciudad, resguardando las instituciones públicas, privadas y hasta los centros comerciales –eran parte de las medidas de Lasso– pero las mismas, llegaban tarde, el “narcoterror” ya se había implantado, a consecuencia de gobiernos como el de Rafael Correa que predicaba el mayor efecto de los “abrazos, antes que los balazos”, frente a grupos delictivos que asesinaban sin piedad.
Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de Ecuador, que fue asesinado a tiros saliendo de un acto de campaña, a escasos 11 días de las elecciones, aseguró durante su estancia en la Asamblea Nacional que: “El financiamiento de las FARC al “correato” en 2006, hasta el aporte de los tetones y la mafia albanesa a las campañas 2021, han contaminado la política con el dinero del narcotráfico y de la corrupción”
Lo cierto es que, los últimos gobiernos ecuatorianos parecían colocarse de perfil ante este grave problema, descuidando incluso la administración de las cárceles, prácticamente usurpadas por los delincuentes; hasta que el 8 de enero pasado explotó la violencia con la toma de rehenes en un canal de televisión que trasmitió el hecho de barbarie en vivo para todo el país al cual, siguió el intento de tomar un hospital y la Universidad Estatal de Guayaquil.
Del espectáculo siniestro de la televisión, los delincuentes pasaron a trasmitir con sus celulares, desde las cárceles, y a través de las redes sociales, la cantidad de rehenes que tenían y los asesinatos que llevaban a cabo a balazos o ahorcando a sus víctimas, amenazando al gobierno y a las fuerzas del orden, con seguir haciéndolo si no respondían a sus requerimientos.
El presidente de la República, Deniel Noboa, que había decretado de excepción, tras la fuga de “Fito” un delincuente de alta peligrosidad, detonó los motines en las cárceles y los ataques, pero no está dispuesto a retroceder.
“Se acabó el tiempo en que los condenados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer (…) Nosotros no vamos a negociar con terroristas” ha advertido Noboa y está dispuesto a enfrentar lo ha que denominado “un conflicto armado interno” con la Policía y el Ejército, a quienes ha dado todo el respaldo jurídico y político para neutralizar a más de 20 bandas criminales que califica de terroristas.
Los países vecinos, no estamos ajenos a esta situación, muy por el contrario, como se dice popularmente, tenemos que poner “las barbas en remojo”; por eso, a propuesta de Cancillería, el ministro Javier González-Olachea ha anunciado que el 21 de este mes, se celebrará en Lima una reunión de cancilleres y ministros, de la comunidad andina, a cargo de la seguridad interna para adoptar juntos, medidas concretas y efectivas contra la criminalidad transnacional organizada.
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