El lunes 28, fue citado el presidente Pedro Castillo al Congreso de la República, en virtud de una segunda moción de censura que, al alcanzar sorpresivamente, 76 votos, lo obligó a responder -personalmente o asistido de un abogado- a las preguntas de los parlamentarios sobre hechos relacionados a su supuesta inconducta política que podría desembocar en su vacancia.
Para comprender el proceso que se llevó a cabo, es importante distinguir entre el Poder Judicial y el foro del Congreso; en el sentido de que, si bien el primero juzga el delito cometido por los ciudadanos, el segundo evalúa la conducta política de los líderes que ostentan o han ostentado cargos públicos, empezando por el mismo Presidente.
Por este motivo, no es necesario que el funcionario del Estado que debe responder al Congreso, asista con un abogado, ni que el Parlamento le provea un “abogado de oficio”; se entiende que podría “asistirlo” uno, pero habrá quienes prefieran hacerlo ellos solos o ayudarse de otros profesionales. Por otra parte, en el caso de que, en este “juicio político”, se encontraran visos de delito, los congresistas tienen la obligación de darlo a conocer al Ministerio Público y el Poder Judicial, porque no pueden ellos ejercer el rol de fiscales o jueces.
Las herramientas que tiene el Congreso para evaluar una inconducta política son varias, desde una denuncia a la Comisión de Ética y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hasta la censura de ministros y la vacancia del propio Presidente de la República; no por delitos, sino por conductas que están reñidas con el ejercicio del cargo, en los casos en que se comentan abusos contra los gobernados y el bien común. Por eso, sus sanciones acaban siempre, separando del cargo -por un tiempo o definitivamente- a quienes encuentran responsables de tales abusos.
Esta atribución de fiscalizar del Congreso no la tienen los demás poderes del Estado, como foro político que representa a los ciudadanos, la debe ejercer diligentemente, para que el Sistema Democrático no se torne en totalitario, despótico, individualista y caudillista; porque el poder es servicio, emana del pueblo y no puede estar en manos de la mala voluntad de pocos.
Es por eso que el presidente Castillo debe responder por hechos opacos, como el caso de las visitas que habría recibido -en lugar de Palacio, en la casa de una familia amiga en Breña- sin entregar nombres ni informar el motivo por el que se acercaban, supuestamente apadrinados por sus sobrinos.
A lo que se suman declaraciones de la lobista Karelim López, que van siendo corroboradas, en relación con hechos poco comunes, como la fastuosa celebración infantil que le habría regalado a la hija del Presidente, sin que supuestamente medie amistad alguna; pero que habría coincidido con la ganancia de concursos públicos, de empresas a las que representaba.
Asimismo, por las contradicciones que habría cometido el Presidente, al afirmar, en una entrevista internacional, que entregaría “mar a Bolivia”, asunto que podría entenderse como “ceder soberanía” a otro país con cuyo gobierno, casualmente, comparte ideología política.
Fue un lunes gris, una prueba de fuego, tanto para el Presidente que debió convencer con sus respuestas, como para los congresistas que debieron entregar un voto auténtico. La segunda moción de censura ha sorprendido por el respaldo conseguido, no sólo de los 56 votos requeridos, sino de 20 más.
Próximas las elecciones subnacionales, el ojo avizor de los ciudadanos estará, más que nunca, puesto en cada una de las bancadas.
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