El uso de las redes sociales es cada vez mayor y se pretende que estas herramientas se conviertan en medios que abonen en favor de la maduración democrática de los países y el entendimiento entre las personas.
De hecho, estas redes permiten la participación en el diálogo público entre los ciudadanos que, anteriormente, no tenían la posibilidad de hacerlo; a no ser por las eventuales “cartas al director” que podían animarse a escribir comentando un asunto de su interés.
Digamos que las redes, se han convertido en la voz de quienes no tenían voz, con el objetivo de que ejerzan una participación abierta, plural y descentralizada, un tema no menor para la consolidación de la democracia.
Líderes políticos, académicos y empresariales que, hasta hace muy pocos años, despreciaban y criticaban la red Twitter -porque solo permitía 140 caracteres- ahora se manifiestan a la opinión pública, solo a través de ellas.
Instituciones públicas y privadas que las usan para manifestarse oficialmente y comunicarse con sus públicos y con los medios tradicionales, en general.
Periodistas que “rebotan”, desde las redes, estas noticia y declaraciones de los líderes y las instituciones, y las usan, tantas veces, como fuentes de información de primera mano.
En todo ello se han convertido estos medios que se han vuelto imprescindibles en la vida pública y la vida diaria del ciudadano global para manifestarse y comunicarse, sin ninguna barrera idiomática, cultural o racial.
Sin embargo, las plataformas digitales, están preocupadas -y lo deberíamos estar todos- por el uso abusivo de las mismas, tantas veces desde el anonimato: los troles dedicados a insultar o los bots diseñados para sustituir a las personas en la producción de contenidos en las redes. A lo cual se suman la delincuencia informática que ataca a las personas, para robarles dinero o sus datos personales, o para eventualmente, facilitar delitos como la trata de personas, en especial contra menores de edad.
Indudablemente, la potencia para desinformar que poseen es grande.
Es por ello que hay un claro interés, por parte de las plataformas y de las empresas de información en la autorregulación de sus contenidos. Facebook, por ejemplo, no permite imágenes que muestren la desnudez de las personas adultas.
Esta autorregulación es, como en el caso de los medios en general, el camino para que las empresas se exijan a sí mismas, una conducta ética, transparente y honesta frente a los usuarios de las redes sociales, respetando la capacidad de deliberación de los usuarios en un marco de respeto.
Un “ombudsman” que represente los intereses de los usuarios o un Consejo Autorregulador con la participación de miembros independientes, son el camino propuesto por estudiosos de las redes sociales y la urgente necesidad de su autorregulación.
El tema se desarrolla en distintos círculos académicos que llaman la atención de los legisladores, para que regulen, adecuadamente, determinados abusos propios de las nuevas tecnologías que no estaban anteriormente en el espectro de las Cartas Magnas de los países, ni de sus cuerpos jurídicos y éticos.
Es el caso del Centro de Estudios Políticos e Institucionales de España, donde profesores y asesores políticos como Rafael Rubio y Catalina Botero, plantean la necesidad de que las redes sociales respeten las leyes de los países y se modernice la legislación para que responda a los nuevos retos de la comunicación en el espacio cibernético.
Todo ello en el marco de la conferencia “El optimismo tecnológico y el futuro distópico” desarrollada en Madrid la semana que termina.
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