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Fabiola Morales / Inseguridad ciudadana


Los programas de televisión nos tienen acostumbrados a las noticias de hechos violentos causados por asaltos en las calles, hurtos en las casas, extorsiones y toda clase de delitos que atentan contra la seguridad ciudadana y la vida de las personas; la mayoría causadas por bandas delictivas compuestas por peruanos y extranjeros, pero también por sujetos individuales que aprovechan la falta de vigilancia o la burlan.


Estos hechos ocurren también cerca de las comisarías, o en los alrededores de instituciones que tienen vigilancia policial especializada, cámaras de seguridad y serenos municipales; pero pareciera que no hay forma de aminorar este flagelo, especialmente en la capital, que aumenta en épocas como ésta, cercanas a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.


No hay candidato a cargo público que, durante su campaña, no haya prometido luchar en contra de la inseguridad ciudadana; porque, según las encuestas, este asunto, y con razón, es lo que más preocupa a las personas y a las familias, en todos los distritos de Lima y las regiones del país; sin embargo, no ha habido gobierno nacional, regional o local que haya presentado avances significativos, durante los últimos tiempos, a pesar del presupuesto público que se solicita.


Pareciera que no es falta de tecnología ni de personal, sino falta de voluntad, aminorar este flagelo que golpea, especialmente, a las personas que viven en las grandes ciudades. La Policía siempre se ha quejado que la Fiscalía no actúa con rigor, ya que “por mucho que logren atrapar a los delincuentes, depende de quien se trate, los sueltan al día siguiente”. El endurecimiento de las leyes no es de utilidad práctica.


Los delincuentes, normalmente, van armados y dispuestos a todo por un par de zapatillas o por una mochila; las víctimas sufren desde golpes psicológicos y físicos, hasta la pérdida de la vida, sin que nadie les retribuya nada ni les haga justicia, porque no existe una coordinación eficiente entre las instituciones que deben velar por la seguridad de las personas.


No basta con prometer, ni sólo “desear” controlar el flagelo de la delincuencia; sino de recurrir a hechos concretos que muestre, en porcentajes, la curva de la eficiencia en la lucha contra la delincuencia, en lugar de que las municipalidades y empresas compren tantas cámaras que son un buen negocio para los proveedores, pero que no aportan demasiado a las víctimas.


Me contaba una persona que había tenido un hurto en Plaza Vea de Caminos del Inca esta semana y que si bien en el conocido supermercado hay cámaras que registran los robos y cualquier hecho irregular, con lo cual atrapan ladrones de su propia mercadería, no lo hacen con diligencia cuando se trata de un robo a los clientes, no se responsabilizan ni hacen lo más mínimo para ayudarlos, cuando debieran estar personas vigilando y atentos a cualquier acto delincuencial también contra los clientes.


Las calles se han vuelto peligrosas y no se trata de ciertas zonas, sino de todos los distritos y barrios de Lima; pero los últimos ministros del Interior se han mostrado más preocupados por hacer cambios en la Policía Nacional que responden más a razones políticas del gobierno de turno, que a su verdadero objetivo: cuidar las vidas de los ciudadanos. Y cuando decimos ciudadanos nos referimos no sólo a los altos dignatarios, sino a todos que para eso se pagan impuestos.



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