A pedido del gobierno peruano, se ha activado la Carta Democrática Interamericana y, en consecuencia, es un hecho que una Comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitará el Perú, para reunirse con los distintos poderes e instituciones del Estado y los líderes políticos del país, para redactar un informe sobre la situación de la democracia.
Esto sucede después que el Gobierno se sintiera sumamente incómodo con la denuncia constitucional que presentó el Ministerio Público a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, acompañada de siete carpetas fiscales que sustentarían los actos de corrupción, en el que estaría implicado. Un hecho histórico, ya que, por primera vez en el Perú, un Presidente es denunciado mientras está en el ejercicio del poder.
En este contexto, pareciera que el Gobierno ya no confía en sus aliados en el Congreso, ni en las contra denuncias que ha realizado su abogado, para intentar defenderse de las acusaciones de la Fiscalía; por lo cual, ha recurrido al escenario internacional, justamente, después de que la OEA sesionara en Lima y él actuara como anfitrión y después de que el Ejecutivo solicitara al Congreso un incremento presupuestal de 3.8 millones de soles para este organismo internacional.
Esta falta de confianza del presidente Castillo Terrones podría denotar que se siente acorralado, porque, efectivamente, sabría que no le basta con reunirse con un grupo de reservistas en Palacio, para mostrar su fortaleza o endurecer su discurso hasta amenazar con que correrá sangre en su defensa; porque lo que realmente está sucediendo es que el número de colaboradores eficaces que atestiguan, ante la Fiscalía, delitos que lo comprometerían, crece exponencialmente.
Como está creciendo también el número de prófugos de la justicia que estarían implicados en esta trama de corrupción que complicaría seriamente al gobernante y su entorno tanto familiar, como amical. Sin contar que algunos personajes, como su propia cuñada, están retenidos en un penal. Como es obvio, solo distraídos o “amigos” miembros de la comunidad internacional podrían comprometer su palabra o su honor colocando su sello sobre lo que asegura el Gobierno: que en el Perú se está viviendo “una nueva modalidad de golpe de Estado”.
En la OEA el Gobierno está buscando una tabla de salvación que algunos aplauden, pero que, sin duda, daña aún más la credibilidad decreciente que tenemos como país para atraer inversiones del mundo entero, sin las cuales no será posible el incremento del empleo formal y, por tanto, la superación de los niveles de pobreza que no se enfrentan con los bonos que está ofreciendo la vicepresidenta Boluarte, sino con trabajo digno para todos los peruanos.
No se trata de buscar árbitros internacionales amigos para que, eventualmente, salven al Gobierno de una gestión tan deteriorada por su ineficiencia y sospechas graves de corrupción que le obliga a cambiar ministros, como se si tratara de calcetines. Prolongar la agonía no evita un resultado que, tarde o temprano, será fatal. Los distintos sectores de la ciudadanía lo tienen claro, incluso, quienes por ideología o conveniencia apoyan a este gobierno o, al menos, se callan.
El desenlace de esta crisis gubernamental está cerca y todos lo saben, pero lo que se busca, aconsejando al Ejecutivo que recurra a la OEA, es que la sucesión no recaiga sobre un miembro del Congreso, como corresponde constitucionalmente, sino sobre alguien que sea del agrado del establishment de la agenda global. Cuidado, porque les puede salir el tipo por la culata.
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