El último escándalo político, a raíz de la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, cuyo mandato ya ha caducado, ensombrece aún más, el respeto que, en toda democracia que se precia, se le debe a las Instituciones fundamentales, como es el Congreso de la República; considerado como el primer poder del Estado, en razón de que sus miembros, han sido electos por el voto de los ciudadanos y, en nombre de quienes, cumplen sus funciones de legislar y fiscalizar.
El sistema democrático, como lo sabemos, no es perfecto en ningún lugar de la Tierra; pero es el que mejor funciona, si entre todos hacemos un esfuerzo para comprender que la República necesita de una visión de largo alcance y de verdadero servicio al bien común, para crecer y madurar. A 200 años de la Proclamación de la Independencia del Perú, pareciera que estamos retrocediendo, cada vez más, en el resguardo de los valores que fortalecen este sistema político.
Esta vez, porque la izquierda minoritaria que se opone a la renovación del TC en el Congreso -Frente Amplio y el Partido Morado- ha recurrido a los poderes fácticos y otros poderes del Estado, para presionar desde fuera, con todas las armas que poseen, a fin de que aborte esta elección de nuevos los miembros. Recordemos que los actuales -en su mayoría- y de acuerdo a sus resoluciones, favorecieron siempre al gobierno del expresidente Vizcarra y sus aliados.
Es así que a través de un conocido abogado han recurrido al Poder Judicial para que Soledad Blácido, jueza supernumeraria, es decir, suplente del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, nada menos que mediante una “acción de amparo”, “disponga la suspensión provisional de la elección de magistrados del TC la cual fue programada para el 7 y 8 de julio a las 9 a.m., hasta que el presente proceso pueda ser resuelto, mediante un pronunciamiento sobre el fondo del asunto”. Una clarísima intromisión de poderes que, en toda democracia, deben actuar de manera totalmente autónoma y separada, salvo cuestiones muy puntuales previstas por la Constitución.
Se podría decir que el TC es la perla más valiosa de la corona, ya que desde el 2019, el expresidente Vizcarra, en una acción tan veloz como atrevida e inconstitucional, prefirió cerrar el Congreso, antes de permitir que se renovara el TC, con el que se sentía cómodo; aunque sea recurriendo a modos impropios de una democracia. Al fin y al cabo, fue la mayoría de estos tribunos quien permitió la “disolución fáctica” del Congreso y lo dejó con las manos libres para gobernar, a su gusto, a punto de Decretos de Urgencia.
Todas las democracias modernas poseen un TC que es el órgano de control de la Constitución. Se compone, en nuestro caso, de 7 miembros elegidos por cinco años por el Congreso de la República de manera “exclusiva y excluyente”, con el voto favorable de los dos tercios (87) del número legal de sus miembros (130). Es autónomo e independiente y, eventualmente, puede enmendarle la plana al mismo Parlamento, en caso legislara en contra de lo que manda la Carta Magna.
Pero en un clima de crispación política como el que vivimos, donde todo vale, hasta que los parlamentarios del Frente Amplio escriban cartas a los candidatos al TC desanimándolos a seguir con su postulación, pareciera que la democracia está en caída libre y lo que se nos viene son años de populismo que embarcarían al Perú en una Asamblea Constituyente, bendecida por estos miembros del TC.
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