La actual presidenta, Dina Boluarte, quien fue investida por el Congreso presidido por el parlamentario José Williams, seguiría en el poder hasta 2026, si cuenta con el apoyo de una mayoría de representantes, líderes políticos, empresariales y mediáticos que prefieren la “estabilidad” tras el trauma de tantos cambios de mandatarios.
El Congreso, sorprendido tal vez por el rápido giro que provocó en las alturas del poder el “autogolpe” de Pedro Castillo, convocó a Boluarte, quien había llegado a la Vicepresidencia como parte de la fórmula electoral de su predecesor, de la cual fue excluido Vladimir Cerrón por razones conocidas. Aunque ella también tenía motivos para seguir el mismo destino, el Jurado Nacional de Elecciones la dejó seguir en carrera, mientras que a otros partidos se les observó por motivos similares.
A pesar de estos antecedentes, el Congreso presidido por el héroe de Chavín de Huántar la juramentó rápidamente. Y, a pesar del saldo en muertos y heridos que dejaron las protestas en el sur y la capital, y de sus evidentes tropiezos e inacciones, incluso en el caso de los roles, le ha dado el soporte necesario para que siga gobernando.
Primero, con el PCM Alberto Otárola, quien dejó el cargo tras acusaciones mediáticas por escándalos eróticos; y luego, con Gustavo Adrianzén, conocido por golpear la mesa en la OEA al defenderla de las acusaciones por violaciones de derechos humanos.
Es evidente que su gobierno ha entregado ministerios y espacios de poder a los partidos mayoritarios en el Congreso, algo menos visible para el ciudadano común, pero claro para los analistas y observadores.
Por tanto, no es sorprendente que la presidenta continúe gobernando “sin tener bancada”, ya que maneja hábilmente el arte del “parte y reparte, pero yo me quedo con la mejor parte”, como se dice popularmente.
Sin embargo, con los últimos cambios ministeriales, se la está jugando. A nadie en el Congreso, en los partidos políticos ni en los medios les ha agradado su “negado” cambio en la política exterior con respecto a su posición frente a los resultados de los comicios en Venezuela, bajo el poder del dictador Nicolás Maduro.
Aunque ahora el gobierno lo niegue, el Perú fue reconocido internacionalmente –y así lo registraron cadenas de información como la BBC de Londres– como el primer país en reconocer a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Del mismo modo que lo hizo Adrianzén en la OEA, el anterior canciller de la República, Javier González-Olaechea, también golpeó la mesa defendiendo la entonces clarísima posición del Perú en contra de la dictadura que, con toda desfachatez, le robó las elecciones a su pueblo.
Los resultados de las elecciones venezolanas no han sido reconocidos ni por los socios ideológicos de Maduro, como los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Gabriel Boric de Chile, ni Lula da Silva de Brasil.
Tampoco lo han hecho instituciones democráticas como el Parlamento Europeo, ni los únicos observadores a quienes el CNE permitió la entrada al país, como el Centro Carter, conocido por su tendencia de izquierda.
El gobierno, en cambio, respalda al ministro del Interior, muy cuestionado por su supuesta participación en escandalosos audios que la Fiscalía investiga. Además, ha elegido a un ministro de Vivienda cercano al expresidente encarcelado.
Por su parte, Vladimir Cerrón aplaude desde la clandestinidad, mientras crecen las sospechas de que fue salvado por un automóvil “cofre” de Palacio cuando estaba a punto de ser capturado.
¿Estamos ante el principio del fin de este gobierno? Tal vez Dina no llegue al 2026.
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