Fabiola Morales / Delincuencia contra la educación

La delincuencia extorsionadora ha llegado a los colegios, por tanto, las instituciones educativas que están bajo la amenaza de quienes les cobran cupos para dejarlos operar han decidido este año pasar de la educación presencial a la educación virtual por seguridad.

Durante el año 2024, los delincuentes exigían pagos de 10 mil hasta 70 mil mensuales para dejar operar a los colegios y no atentar contra la vida de los directores, profesores y los mismos alumnos. Los colegios que han cerrado por estas amenazas son más de 300 a nivel nacional y 170 en Lima.

Lima Norte es una de las zonas más peligrosas donde actúa la delincuencia mediante la modalidad de extorsión, cobro de cupos y de sicariato; ahí las bandas se disputan parcelas de poder. Hasta el año pasado, sin embargo, a los colegios no les había llegado la amenaza del crimen de manera tan descarada, haciéndole daño al sistema educativo particular del país, que llega hasta estas zonas.

El presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Anacopri) ha denunciado que las amenazas de los delincuentes a los colegios están creciendo de manera exponencial, así como la cantidad de dinero que piden para dejarlos seguir funcionando “tranquilamente”, sin atacar sus instalaciones y la vida de los integrantes de estas instituciones.

Voceros de Anacopri han informado a los medios y la Policía que, en lo que va del año, se han reportado 450 instituciones educativas víctimas de las extorsiones y varias escuelas han sido blanco de ataques a sus locales con artefactos explosivos, lanzamiento de granadas, cartuchos de dinamita, disparos contra sus fachadas, entre otros.

Los “cupos” que solicitan los delincuentes han subido hasta 200 mil mensuales, a colegios que cobran 300 soles mensuales a sus alumnos. Una situación por la que jamás habíamos pasado en el país, ni siquiera en la época del terrorismo, que parece no preocupar al Estado en su conjunto y, en especial, al Ministerio del Interior, que es el encargado directo de nuestra seguridad, ni al ministro de Educación, quien ha ofrecido colocar mil quinientos policías en los colegios como la gran medida de solución.

En el colmo del escenario, se ha informado que los directores no denuncian porque se ha comprobado que algunos malos policías filtran la información a la delincuencia, la misma que, en represalia, actúa con más saña en sus ataques a los locales de los colegios y las amenazas de muerte a los profesores y sus familiares.

La responsabilidad directa de la seguridad de los ciudadanos, en toda democracia, recae sobre el Estado y sus distintas instituciones que, en lugar de estar peleándose entre ellas —o al menos esa es la mala imagen que están dando quienes las lideran—, tendrían que sentarse alrededor de una mesa, hacer una “lluvia de ideas” y aportar, cada una desde su propio punto de vista y especialidad, soluciones que alimenten un Plan Nacional contra la Delincuencia que ataca la educación, con acciones concretas y calendarizadas.

El Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial no pueden seguir jugando al “gran Monopolio” frente a situaciones tan peligrosas como esta, que nos pone al borde de un país inviable; como tampoco lo puede hacer el Congreso, que no solo está para producir leyes “como cancha”, sino sobre todo para fiscalizar y representar al ciudadano.