No cabe duda que, en el Perú, como muchos otros países de América Latina y, particularmente, de los países emergentes, los niveles de corrupción son altos; al punto que llegan a infectar no sólo las instituciones públicas –donde el dinero que es de todos, pareciera que no es de nadie–, sino también las instituciones y empresas privadas. Motivo por el cual, se afirma, con razón, que esta lacra es una de las causas del retraso de los pueblos que son ricos en recursos naturales; pero no son capaces de gestionar su desarrollo con equidad.
Las investigaciones y denuncias por corrupción llevadas a cabo por los medios, muchas de las cuales después recoge la Fiscalía, han involucrado hasta la mayoría de nuestros presidentes de la República que gobernaron la nación durante las últimas décadas, quienes están o han pasado por prisión efectiva o domiciliaria y se encuentran inmersos en procesos judiciales o con condena efectiva.
Lo mismo ha sucedido con líderes empresariales, como los del rubro de la construcción cuyo caso de bandera es el llamado “Lava Jato Odebrecht”, una trama que se inicia con la alerta de Estados Unidos de que tanto empresas brasileñas como sus socias peruanas estaban pagando significativas “coimas” a funcionarios públicos, al más alto nivel, para ganar licitaciones de grandes obras. Una figura “público-privada” para la corrupción.
Sin embargo, la institución universitaria, no había sido manchada por la sospecha de corrupción hasta que, el comunicador José Miguel Hidalgo, mostró el domingo último en el programa Punto Final, una investigación periodística de más de seis meses, denominada “La granja de los científicos bamba” que demostraba cómo algunos académicos recurren a la “compra” de coautorías de “papers” en los “mercados negros” de los países más remotos para hacerse de ascensos y bonos que irían desde un sueldo extra en las universidades públicas y de 5 a 9 mil soles mensuales en las particulares.
La sospecha nació cuando se observó que el número de profesores científicos en el Perú subía exponencialmente y, más aún, cuando Hidalgo pudo averiguar cómo algunos de ellos, mostraban haber realizado 50 investigaciones académicas, en uno o máximo dos años, en coautoría con colegas de lugares tan remotos como Irán, Arabia Saudita, Nepal, entre otros.
La existencia de estas “granjas”, la comprobó el mismo periodista, cuando consiguió que le ofrezcan un lugar como coautor en una investigación de lectoría de niños de cuarto grado en Grecia, a cambio de 550 dólares americanos.
Con este sistema, pareciera que no solo se benefician los docentes mediocres; sino también muchas casas de estudio superiores que sólo buscan estar primeros en los ranking para permanecer en el sistema o atraer a mayor cantidad de alumnado a quienes ofrecen más que una buena formación, un título a nombre de la Nación sin el debido sustento científico.
De acuerdo al citado reportaje, el tema no era ninguna novedad para varios directivos de universidades, no para la directora del Concytec, Claudia Córdova, quien declaró en la entrevista que la Institución no tenía capacidad sancionadora para estos casos de investigadores bamba. Se espera el pronunciamiento de la Sunedu que es ojos y oídos de las universidades.
El problema de fondo es que, la institución universitaria está siendo contaminada por los vientos ideologizados y también mercantilistas que le faltan el respeto a la adquisición y resguardo del conocimiento y la cultura al servicio de la sociedad, a cambio de un plato de lentejas. El reto siempre será volver a las raíces para nutrirse de ellas.
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