Fabiola Morales / Convocatoria a elecciones

La presidente de la República, Dina Boluarte, acompañada de las autoridades electorales, ha convocado a Elecciones Generales para el 12 de abril de 2026, levantando así la bandera para dar inicio a la carrera que nos conduce a elegir una nueva representación nacional para conformar el Congreso de la República y un nuevo mandatario de la Nación.

Encontramos, al menos, dos novedades para este proceso electoral: la reapertura del Senado y la exagerada cantidad de partidos políticos que están habilitados para participar en el mismo (en principio 41, hasta donde lo ha informado el JNE). Por lo demás, continúa el voto preferencial, la falta de filtros eficientes para escoger a los candidatos y la falta de candados para evitar el transfuguismo.

La reapertura del Senado es un acierto. Ante el actual panorama de la multiplicación de leyes populistas e irresponsables, sobre todo en lo referente a sus consecuencias en la estabilidad económica del país; como también en aspectos vitales para la lucha frontal contra mafias —como es el caso de la minería ilegal, con la ampliación de los plazos para inscribirse en el REINFO—, el Senado se presenta como una posible solución para la mejor reflexión y ponderación para enriquecer nuestro cuerpo jurídico.

En cuanto al número de partidos que ahora van a participar, es un verdadero caos que las leyes electorales permitan —a partir de determinadas reformas que se hicieron bajo la batuta de Fernando Tuesta y su grupo de “notables”— una confusión en la campaña, donde cualquier cosa puede suceder, y también para el votante que recibirá una especie de sábana de papel donde tiene que “bucear” hasta encontrar al candidato de su preferencia.

Detrás de esta “permisividad”, no puede estar más que el principio maquiavélico del “Divide y vencerás”. Lo que menos necesita nuestro proceso electoral es la dispersión del voto. Los partidos políticos son instituciones débiles que, si bien logran cumplir con las exigencias de la ONPE, necesitan afianzarse con el tiempo; lo contrario es abrir la cancha para que surjan “partidos” temporeros que aparecen cuando se convoca a elecciones; es así que llegan a lugares claves del poder político representantes de intereses oscuros.

El voto preferencial es otro asunto que atenta contra la unidad institucional de los partidos políticos, convierte a sus miembros en rivales innecesarios y, sobre todo, debilita la candidatura presidencial; pero se ha mantenido durante todos los procesos electorales porque es el camino para evadir el orden de numeración y lograr que cualquier posición tenga casi el mismo valor, si es reforzada con una buena inversión económica en la campaña.

Asimismo, tampoco vemos avances en los filtros por los que deben pasar los candidatos. Si no queremos un Congreso como el actual, con investigaciones tan serias como el intercambio de votos por dinero, puestos de trabajo y hasta favores sexuales, los partidos políticos deben responsabilizarse más por su nombramiento, así los filtros se tomarían más en serio.

Por otra parte, si no queremos un Congreso atomizado como el actual, es también necesario legislar contra el “transfuguismo”, tan dañino para la democracia. Si los congresistas fueron electos por un partido y no se sienten cómodos después, tienen la libertad de renunciar, como el partido debe tener el derecho de recuperar esa curul para el accesitario; de lo contrario, seguiremos apostando por una democracia débil e individualista.

El Congreso de la República ha tenido todo el tiempo del mundo para fortalecer la democracia; pero sigue empecinado en abrir las puertas a posibles totalitarismos.