Esta semana, de manera exprés, el Congreso de la República censuró al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por supuestamente haber entregado de manera tardía el texto de la ley de minería artesanal y pequeña minería, conocida como la ley MAPE, por medio de la cual la autoridad minera salía de los gobiernos regionales y la asumía el Ministerio.
Cayó así uno de los pocos ministros de este gobierno que tiene experiencia y conocimiento en el sector, como también la capacidad para consensuar con los diferentes actores. Pero, a Mucho le faltó cintura política para moverse en las antojadizas aguas del pasillo de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Por eso, los congresistas lo ofrecieron como un chivo expiatorio, queriendo aplacar la grita que montaron las protestas mineras.
Sin embargo, las protestas continuaron, hasta que recién este viernes, entrada la noche, se aprobó el texto que amplía el REINFO (Registro Integral de la Formalización de la Minería) por seis años más, y dando facultades para que el Ejecutivo, por decreto supremo, lo prorrogue a otros seis años más; en otras palabras, hasta el infinito. Porque, no nos engañemos, la minería ilegal, que produce tanto daño, es la verdadera interesada en esta ampliación de plazos de la cual se beneficia.
Un sugerente aviso publicitario que, de manera insistente, se ha transmitido en horarios preferentes por la televisión nacional, apela a que se debe diferenciar la “minería ancestral artesanal” de la “minería ilegal” que produce muertes, trata de personas, robo al fisco, daño ecológico irreversible y toda clase de tropelías.
Es verdad, hay que separar la paja del trigo; pero ese no es el punto. Lo que este millonario aviso publicitario, que ha calado en los congresistas, debió explicar es: ¿hasta cuándo se va a terminar el proceso de formalización de esa “sagrada minería” a la que alude?
Sin duda, esta decisión del Congreso la están celebrando las mafias de la “minería ilegal” que, aupadas a una ley de ampliación del REINFO para la minería artesanal, cabalgan sobre el caballo de la IMPUNIDAD tan ricamente.
¿Y la vida de los niños?
Por otra parte, el Congreso hizo oídos sordos a la corrupción público-privada que se produce en lo referente al programa Qali Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), que atiende las necesidades de alimentación de cuatro millones de niños de los colegios estatales en todo el país.
Ni el MIDIS, directamente responsable de este programa, ni el Ministerio de Salud (MINSA), a través de DIGESA (la Dirección General de Salud Ambiental), que es la encargada de verificar la calidad de estos alimentos y otorgar un Registro de Sanidad que es obligatorio para la venta de estos productos destinados a la alimentación de los niños, han sido interpelados por el Congreso.
Mientras Rómulo Mucho ha sido censurado por la representación nacional, a los ministros Julio Dimartini y César Vásquez no se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Como es lógico, la impresión que están ofreciendo es pésima. ¿Cuál es el mensaje?
¿Qué presente y qué futuro nos espera? ¿Uno en el cual las ECONOMÍAS ILEGALES Y MAFIOSAS tomen el poder político aprovechándose de una “democracia boba”, al estilo de lo que vimos en la serie de televisión colombiana “El Patrón del mal”? ¿Uno en el que se tolere la peor DISCRIMINACIÓN, que es la de proveer a los niños más necesitados alimentos en mal estado y de mala calidad, y que “no pase nada”?
Así no juega Perú.
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