La institución educativa universitaria data de la Edad Media y, desde su nacimiento, tuvo como principio y valor, la “autonomía universitaria”, para resguardarla del poder político de turno y de cualquier injerencia externa en su organización y en sus fines propios; todas las Constituciones de los países democráticos la han garantizado siempre y, tanto profesores como alumnos, la han defendido, a lo largo de los siglos, de intentos intervencionistas.
Sin embargo, en el Perú, en 1914, durante el gobierno de Ollanta Humala, se acabó con la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), un organismo estatal adscrito al Ministerio de Educación con la finalidad de supervisar la calidad, fiscalizar el servicio y administrar el Servicio Nacional de Grados y títulos universitarios.
Desde el 5 de enero de 2015 la Sunedu se convirtió en la responsable del licenciamiento de las universidades nacionales, así como de las privadas con fines y sin fines de lucro, mediante un proceso de calificación largo y complejo que ha tenido como consecuencia concreta que, no pocas universidades, quedaran fuera del sistema y los estudiantes frustrados sin tener a quien reclamar.
Actualmente, la Comisión de Educación del Congreso de la República quiere subsanar de alguna manera esta situación con la cual han sido perjudicados innumerables alumnos universitarios del Perú que confiaron su aprendizaje a Centros de Educación Superior que no llegaron a cumplir el plazo otorgado por el gobierno -a través de la Sunedu- para licenciarse y está proponiendo que se amplíe el plazo para que las universidades sin fines de lucro puedan adecuarse a la normativa vigente.
Esta decisión ha encendido la polémica, en la medida en que, si bien el número de universidades nacionales y privadas en el país ha crecido exponencialmente durante las últimas décadas y, a ojos vista, la calidad de la enseñanza, investigación e infraestructura, en muchos casos, no están a la altura de una institución tan importante, también es cierto que se ha perdido autonomía.
Asimismo, la Comisión de Educación ha aprobado la ley del bachillerato automático que permite a los estudiantes universitarios obtener su primer grado académico sin la necesidad de presentar un trabajo de investigación, con lo cual miles han sido beneficiados económicamente y en el acortamiento de los plazos para obtener el mismo.
Pero estos graduados si, eventualmente, optaran por estudiar los siguientes grados académicos -maestría y doctorado- no estarían preparados para seguir investigando. Por otra parte, la citada comisión dictaminadora del Congreso está discutiendo un cambio en el artículo 17 de la Ley Universitaria, sobre la composición de los miembros de la Sunedu que, en estos momentos, son cinco seleccionados por concurso público y nombrados por resolución suprema con el refrendo del Ministerio de Educación (dos representantes de universidades públicas, un representante de las universidades privadas y dos personalidades que tengan estudios y experiencia académica). La propuesta es que los cinco miembros se completen con dos rectores y no con dos “personalidades” no vinculadas a las universidades.
Habiendo reemplazado la Sunedu a la Asamblea de Rectores, es bueno que, en la búsqueda de un justo medio, haya apertura para que dos de ellos puedan formar parte del Consejo Directivo, en la medida en que no es saludable dejarlos, sin voz ni voto, a quienes tienen el conocimiento y la experiencia de dirigir la institución universitaria.
Qué lejos estamos de la autonomía universitaria, un principio de organización de las primeras universidades como Bolonia (1088), París, Oxford, Salamanca, Cambridge, que heredó San Marcos y todas las universidades de América.
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