Fabiola Morales / A grandes males, grandes remedios

La delincuencia en el Perú no sólo ha crecido exponencialmente, sino que se ha abierto en abanico a nuevos tipos de delitos que alcanzan no tanto a las élites económicas, sino a los ciudadanos con pequeños y medianos emprendimientos. Nos referimos al cobro de “cupos” y extorsiones a los colegios, grupos musicales, las pollerías, las discotecas y supermercados medianos, y todo tipo de negocio que, con esfuerzo, han sacado adelante sus dueños.

Se trata de empresarios que, si bien hacen el esfuerzo de invertir en estos negocios que, como mucho, podrían llegar a dar trabajo a 30 colaboradores, no tienen la sofisticación de la empresa grande que, a falta de protección del Estado, se provee de recursos alternativos de seguridad liderados, casi siempre, por miembros retirados de las FFAA y policiales que preparan a su personal y lo dotan de herramientas adecuadas.

Los negocios medianos de los distritos más populares, en general, no invierten en las empresas de seguridad para paliar el problema de los ataques delincuenciales; por tanto, están más expuestos a los ataques de los criminales que los extorsionan con sumas de dinero muy por encima de sus posibilidades. A lo cual se suma el hecho de que los ataques se realizan con armas de guerra: granadas, pistolas sofisticadas, fusiles automáticos, etc., que han reemplazado a la llamada arma blanca con la que se producían los asaltos.

En toda esta nueva modalidad, no olvidemos el papel que juega la motocicleta como vehículo pequeño que facilita el transporte veloz de dos personas, donde quien ocupa el asiento del copiloto puede maniobrar fácilmente un arma de fuego, y así lo hacen, para acabar con la vida de quienes se niegan a pagar el “cupo” del terror en cantidad, monto y plazo establecido. Porque lo que menos tiene el delincuente es paciencia.

Del otro lado, la lucha contra la delincuencia la debe liderar por ley la Policía Nacional, que carece del número adecuado de personal y, tantas veces, de preparación y de las herramientas idóneas que le permitan el éxito de las operaciones. Pero, sobre todo, carecemos de un servicio de inteligencia eficaz que permita ir por delante, con estrategias claras contra este tipo de crimen y todos los demás.

Los especialistas tienen muy claro el diagnóstico, pero pareciera que el problema está entrampado en las soluciones a corto y mediano plazo de este flagelo que produce el terror, especialmente en la capital, pero también en muchas provincias como La Libertad. A la fragilidad de la Policía Nacional se suman las falencias y politización innecesaria de la Fiscalía, el Poder Judicial y el INPE; sin que nos olvidemos del fracaso de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Acaba de caer censurado el ministro del Interior, Santivañez no pudo demostrar avances en la lucha contra la delincuencia sanguinaria del cobro de “cupos”, y la muerte del cantante Paul Flores, de la banda Armonía 10, fue la gota que derramó el vaso. Un problema técnico que derivó en una “solución” política, porque los ministros son responsables políticos de sus aciertos y desaciertos, pero que en la práctica nos deja en cero. Echándonos la culpa unos a otros.

Ya es obvio que somos incapaces de enfrentar como Estado la ferocidad de la delincuencia importada que nos ataca a mansalva. Es por eso que, como lo acaba de hacer el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es necesario pedir ayuda a los países desarrollados y especialistas internacionales. A grandes males, grandes remedios.