(Publicado previamente en el Diario Expreso)
Con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones, el Congreso de la República admitió la Moción de Vacancia contra el Presidente Martín Vizcarra, aplicando el artículo 113 de la Constitución del Perú –en el punto 2– donde se hace referencia que “La Presidencia de la República vaca por su incapacidad moral o física declarada por el Congreso de la República”. Por tanto, debe fijarse día y hora, para que concurra al Parlamento a ofrecer sus descargos.
Muchos abogados han opinado que los audios difundidos y que han puesto en jaque al Presidente, por su relación con el contrato del personaje de la farándula “Richard Swing”, es un caso que compete al Poder Judicial, por lo que ellos han denominado delitos de “Encubrimiento real y Obstrucción a la justicia”. Sin embargo, como lo han afirmado los constitucionalistas, el hecho amerita también, un proceso político perfectamente tipificado, por lo cual, los parlamentarios han procedido a aprobar la citada Moción de Vacancia.
Si bien, los audios fueron entregados al Congreso, por el Presidente de la Comisión de Fiscalización, la crisis se produce en Palacio por la grabación de conversaciones controvertidas, entre el Presidente y su entorno más cercano; donde pareciera tejerse un plan para “negar” la responsabilidad en el contrato de “Swing”, en determinadas asesorías, para las que no estaría calificado; quien, por otra parte, había participado plenamente, en la campaña del partido Peruanos por el Cambio (PPK) que llevó al poder a este gobierno.
Es por eso que, en su Mensaje al país, el Presidente no niega que conoce a “Richard Swing”; como tampoco niega que sea su voz ni que la conversación grabada se haya producido; pero no reconoce, a su vez, haber cometido un error ni un delito, ni menos haberle mentido a la población. Su estrategia de defensa se basa en atacar a sus enemigos políticos y hasta deslizar un supuesto “complot golpista” de parte del Congreso, como han afirmado muchos de sus voceros.
Esta estrategia es la que, personajes mediáticos que lo apoyan han desplegado, incluido el actor Salvador del Solar, ex Presidente del Consejo de Ministros que lo acompañó en su avasallamiento al Congreso electo en el 2016. Una estrategia que pretende distraer y mover el foco de la responsabilidad a un Congreso que, el gobierno convocó, creyendo que lo apoyaría en todas sus aventuras, pero le salió trejo.
Afirman además los vizcarristas, pero también muchos “cautos” comentaristas, que el juicio político en el Congreso es una necedad, porque es la pandemia del COVID-19, el tema que nos debe convocar y además que, como ya le falta poco para acabar el Gobierno, hay que hacer oídos sordos y quedarse mudos, frente a cualquier conducta errónea que se produzca en el Ejecutivo.
Una posición que en la práctica significaría que los poderes del Estado se pusieran de perfil, la opinión pública se quedara muda y la población ciega, pase lo que pase, de aquí hasta julio de 2021. Es decir, que se le dejen las manos libres al gobierno para que “nos saque de la crisis sanitaria y nos devuelva los niveles de crecimiento económico y empleos que se han perdido”, ya que, de otra forma, se estaría obstruyendo sus funciones.
Una posición tan cómoda como antidemocrática, totalitaria y peligrosa. ¿Es así como se van a garantizar elecciones limpias y libres el año que viene? ¡Cuidado! ¿Queremos un gobierno que tenga en sus manos el Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo?
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