La Política Nacional de Igualdad de Género indica la conducción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la adecuación de los planes de las entidades involucradas. No obstante, los resultados no permiten apreciar la contribución del MIMP, los otros ministerios y el sector privado a la consecución de los objetivos planteados.
El problema de la discriminación de la mujer se explica, entre otras causas, por la desigual distribución de roles y uso del tiempo en la sociedad. Asimismo, esta situación contribuye a la vulneración de los derechos sociales y económicos de la mujer, tanto en educación e información como en el ámbito laboral y productivo.
Derechos sociales
En cuanto a los derechos sociales, hay un avance, principalmente por la acción estatal, tanto al tener mayor cobertura del seguro de salud (mujeres 81% y hombres 74%), como mayor acceso al servicio educativo (82% versus 80% en inicial; 95% versus 94% en primaria; y 81% para ambos en secundaria). En este último rubro, también se debe resaltar la paridad entre ambos sexos el acceso tanto en el área urbana como rural.
Por otro lado, no es tan alentadora la situación en cuanto al acceso a la información (en internet: mujeres 64% y hombres 69%) y comunicación (en celular: mujeres 69% y hombres 72%). En este caso, desde el sector privado, habría que promover innovadoras estrategias comerciales; y desde el sector público, impulsar más la participación económica de la mujer, que incide negativamente en los indicadores precitados.
Derechos económicos
En cuanto a los derechos económicos, el panorama es diferente a los sociales, como consecuencia de la desarticulación de las estrategias públicas de promoción y las privadas de desarrollo de actividades económicas. La primera alerta se da en el empleo con una inaceptable diferencia de 18 puntos porcentuales: 79% para los hombres y sólo 61% para las mujeres. Esta diferencia es de 15 p.p. en el área rural (hombres 92% y mujeres 77%), y de 21% p.p. en el área urbana (hombres 76% y mujeres 57%).
Es más desfavorable para la mujer el empleo urbano, pues acá han caído más el empleo y el ingreso y ha subido más la pobreza. Asimismo, este empleo femenino predomina en las pequeñas empresas del sector servicios (el más perjudicado por la pandemia). Y peor aún, se tiene 29% de hogares monoparentales (a cargo sólo de la madre), y otra inaceptable diferencia: 28% mayor remuneración promedio para los hombres (S/ 1,427 o US$ 367) que para las mujeres (S/ 1,112 o US$ 286).
Por un lado, se debe promover el empleo local con pequeñas obras que absorban mano de obra femenina (Trabaja Perú es una alternativa) y con servicios a locales públicos. Y, por otro lado, se debe reevaluar la estrategia administrativa y recaudatoria de los gobiernos locales, la SUNAT y el sistema financiero porque no permitirán revertir esta situación, que genera efectos negativos en el empleo, el ingreso y la pobreza, y también en el consumo, el ahorro y la inversión, y todos en el crecimiento económico.
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