El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha levantado polémicas entre defensores y opositores, cada cual desde su pelaje político. El documento ‘Situación de los Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales’, es sesgado, se excede en sus alcances, y plagado de incorrecciones y omisiones.
Aborda la ‘institucionalidad democrática y social’, en base a la visita de dos misiones que permanecieron 4 días en el país, tiempo escaso para un análisis riguroso. Sostuvieron reuniones y recibieron testimonios individuales, sin señalar específicamente quienes los ofrecieron. ¿Se reunió con los familiares del policía quemado, los soldados ahogados, los propietarios de negocios incendiados, y los afectados por el cierre de carreteras, entre otros?
Señala que ‘durante el marco de observación de la CIDH, tuvieron lugar numerosas y masivas manifestaciones pacíficas’. Increíble hablar de pacifismo cuando se saquearon e incendiaron locales del Poder Judicial, Ministerio Público, comisarías, una planta lechera, medios de comunicación, un supermercado, entre otros que posteriormente menciona. Notable contradicción. Establece que ‘sucedieron hechos de violencia y vandalismo por fuera del derecho de protesta, tales como ataques a infraestructura pública’; es decir, la ferocidad y excesos fueron independientes a las protestas, omitiendo que, para la ONU, el ataque a aeropuertos constituye un hecho de terrorismo, y que hubo promotores de las protestas con antecedentes terroristas.
Menciona que condenó el ‘rompimiento institucional’ de Castillo (le cuesta llamarlo ‘golpe de Estado’), y ‘saludó la rápida actuación de las distintas instituciones del Estado para restablecer el orden institucional’, aunque uno de los argumentos de las ‘protestas pacíficas’ era su reposición. Se abstiene de reprobar a los presidentes que continúan avalando el accionar de Pedro Castillo. Si Petro, López Obrador, y Morales fueran coherentes, deberían rechazar el informe de la CIDH, pues se opone a sus afirmaciones de un golpe de Estado, por parte del Congreso o la Fiscalía.
No podía faltar la afirmación sobre la desigualdad estructural, la discriminación histórica – términos usuales en este tipo de ideologizados – como causantes de las protestas, en especial de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, como si estas hubiesen sido directamente participantes en la violencia. Silencia que, durante el régimen de Pedro Castillo, el sector rural fue más desatendido que nunca, bastando señalar las cuatro licitaciones fallidas de urea. Adicionalmente, Venezuela, Nicaragua y Bolivia – según el índice GINI – presentan mayor desigualdad que Perú.
Señala que 26% de la población se identifica como ‘indígena’ u ‘originaria’ (según el Censo 2017, 24.7% lo hizo como quechua o aimara), pero soslaya que 60.2% nos consideramos mestizos’.
Registra la caída importante del PBI por la pandemia, pero esquiva mencionar que tuvimos más de 200 mil fallecidos por el mal manejo de un presidente y un gobierno -de una tendencia similar a los comisionados. Agrega datos sobre la pobreza, haciendo hincapié del incremento a partir de 2019, y en su escasa superación en zonas rurales, lo cual no es cierto: en las zonas urbanas de Apurímac, la pobreza se redujo desde 40% en 2004 hasta 20% en 2019, mientras que, en las zonas rurales, pasó de 84% a 36% en el mismo periodo. En el periodo 2004-2019, la pobreza nacional mostró una significativa disminución al pasar de 59% a 20% (INEI).
Afirma que en las manifestaciones pacíficas – solo falta aludir de esa manera a eventos como la ‘noche de los cristales rotos’ de 1938, con la violencia nazi – se canalizaron demandas de índole político que guardan relación con demandas sociales de carácter estructural derivadas de un contexto de discriminación y desigualdad que han generado la exclusión. Los manifestantes no solicitaban mejoras sociales, en salud, trabajo o educación, sino el retorno de Castillo a la presidencia, la renuncia de la señora Boluarte, el cierre del Congreso, y el cambio de la Constitución, que ni sus más conspicuos representantes señalaban los aspectos a modificar. Estos reclamos no podían ser atendidos sin reformas constitucionales o dictámenes judiciales, que no corresponden al Ejecutivo.
La elección del expresidente Castillo generó esperanza y altas expectativas en las comunidades rurales que históricamente han estado subrepresentadas en los espacios de toma de decisión, pero no aclara que durante su gobierno de estuvieron totalmente desatendidas. La ‘Segunda Reforma Agraria’ fue ruido sin resultados, algazara sin beneficio. En 18 meses tuvo siete ministros de Agricultura.
Denomina ‘conflicto armado’ a un claro fenómeno de terrorismo que afectó cuantiosamente la infraestructura rural en miles de millones, empobreciendo a sus pobladores, retrasando su crecimiento, y soslayando que los líderes de Sendero Luminoso y el MRTA eran de procedencia media urbana.
La economía peruana está basada, primordialmente, en un modelo extractivista cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas…. las comunidades campesinas en áreas rurales también han sido las más afectadas por los pasivos ambientales de las industrias extractivas que han impulsado una parte importante del crecimiento económico del país…Obviamente se refiere a la Minería, y nuevamente un infundio. La Minería aporta 14% al PBI, y ‘desde 2010 a 2019, ha contribuido con más de 78 mil millones de soles, 10% del total de los ingresos tributarios recaudados por la Sunat. Pagan entre 42% y 52% de sus utilidades’ (Instituto de ingenieros de minas del Perú). El sector agropecuario, también extractivista y por ello no deja de ser importante, constituye 75% de nuestra Despensa Alimentaria, 25% de la PEA, y 4% del PBI nacional. Nuestra economía ha dejado de ser extractivista, con significativo crecimiento de actividades secundarias y terciarias, como la industria y los servicios.
Omite la responsabilidad de los gobernadores en las regiones (elegidos por los ciudadanos que protestan), quienes administran presupuestos considerables en sectores como Salud, Educación, y Agricultura).
Resulta relevante el respecto de las garantías judiciales, tales como el derecho de defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia, en las investigaciones y procesos que se adelanten por presuntos actos de corrupción. Este derecho nunca fue resguardado por la CIDH en los casos de políticos contrarios a su tendencia ideológica.
Menciona que ‘las acusaciones no probadas de fraude electoral y las incesantes confrontaciones entre los poderes públicos profundizaron la desconfianza ciudadana en las instituciones y aumentaron la polarización del país’. La Comisión ingresa al terreno de la crítica a las eventuales reformas del Congreso al sistema electoral (independiente a la calidad actual de esta institución), que no tienen que ver con el tema que los convocó. Aprovecha para llevar agua al molino de su proyecto político. Estuvo en silencio cuando el expresidente Vizcarra promovió un referéndum para aplicar sus propuestas de reformas judiciales y electorales.
Establece que ‘la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida, como, por ejemplo, la propiedad. Sólo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza’. En buen romance, si hordas terroristas intentan destruir aeropuertos, hospitales, colegios, fábricas, y otros, hay que permitírselo si en ello el objetivo no está en dañar la vida de los ocupantes, aunque finalmente las afecte.
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