Carlos Ginocchio / ¿Se necesita un ministerio? (2 de 2)

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fue creado en 1996 por el presidente Alberto Fujimori, hoy uno de los enemigos más abominados por esa institución, y con el objetivo de ‘incrementar el acceso a derechos Y oportunidades, en igualdad de condiciones, de mujeres y poblaciones vulnerables’. Con un presupuesto de S/ 812 millones en 2023, y más de S/ 12,000 millones destinados a este organismo durante su vigencia, el feminicidio y el maltrato a la mujer deberían ser un problema menor; además, si la Mujer tiene su ministerio, ¿por qué no lo tienen el niño, el anciano, el discapacitado? ¿No sería más adecuado un ministerio de la Familia, que trate de revalorar al núcleo más importante de la sociedad? Dios quiera no me escuchen y lo creen, pues terminarían de destrozarla.

El gobierno del señor Castillo proponía crear el Ministerio de las Ciencias y Tecnología. De acuerdo con el Banco Mundial, la inversión en ciencia y tecnología en el Perú equivalió en 2020 al 0.17% de su PBI, y en la actualidad no es ni 0.50%. ¿Creen los políticos que la ciencia puede depender de burócratas cuya permanencia es inestable – 17 ministros de Educación desde 2013 hasta la fecha – cuando un desarrollo tecnológico requiere lustros de investigación? Los países con mayor desarrollo científico financian para ello a instituciones privadas o le conceden autonomía a las del Estado.

Hubo quienes propusieron un Ministerio del Deporte. Basta ver cómo nuestros campeones en los recientes Panamericanos de Santiago se han referido a sus autoridades, las mismas que no pueden recibir a los laureados porque se encuentran de viaje contemplando los juegos. Tenemos el pernicioso hábito de buscar soluciones creando más organismos públicos, emitiendo leyes más inflexibles, cambiando de nombre a los que existen (el Ministerio de Agricultura y Riego, hoy de Desarrollo Agrario y Riego), y por supuesto, obsequiando bonos.

En 2016, el presidente del Congreso declaró que en el Perú existen más de 30,000 leyes y 600,000 regulaciones vigentes, lo cual nos coloca en el puesto 134 de 138 países en el ranking de carga regulatoria estatal 2016-2017 realizado por el Foro Económico Mundial. La solución: crear la Comisión Especial Multipartidaria Encargada del Ordenamiento Legal (CEMOL), que se encargará de analizar la legislación vigente a fin de que sean derogadas aquellas normas que no están en uso. ¡PLOP!

El Perú tiene más de 2,000 gobiernos municipales (provinciales y distritales), y 25 gobiernos regionales, y la creación de nuevos distritos, como la de universidades y días del pollo a la brasa, del árbol o de cualquier tema que les venga en gana. Por ello, los presupuestos se distribuyen de tal forma que ninguno tiene capacidad para obras importantes. ¿Tendremos algún día el candidato que impulse la unificación de distritos y municipalidades? Difícil por el temor a perder votantes, aunque existe una alternativa: pagarle al personal despedido durante cinco años en su casa. Bastaría para significativos ahorros en espacio físico, energía, útiles, entre otros, que permitirían destinar dichos recursos a reducir la brecha de infraestructura. Además, habría mayor posibilidad de control de los gastos, con menos instituciones.

Estamos próximos a contar con una segunda cámara de representantes – Senado – tras más de 30 años, así como la posibilidad de reelección de alcaldes y gobernadores. Son decisiones positivas…en teoría, pero en caso que sus integrantes sean la mayoría de los actuales, tendremos más de lo mismo.

La solución no está en mayor legislación, sino en cumplirla, pero especialmente, en la elección de personas eficientes y con trayectoria decente. Los países que se han desarrollado se caracterizan, entre otros aspectos, por su estabilidad jurídica, cumplimiento de las leyes, gestión eficiente y proba, poder judicial-ministerio público independientes, no politizados, y menos propensos al figuretismo.