En la Roma antigua, las mujeres de la nobleza y clase alta se reunían para celebrar ritos divinos en salones cerrados donde estaba prohibida la presencia del género masculino, y hasta se cubrían sus estatuas. El 62 AC se reunieron para rendir culto a la diosa de la fertilidad en la mansión de Julio César, pretor en ese momento, y fueron su madre Aurelia y su esposa Pompeya (nieta de Sila) las encargadas de presidir la ceremonia. Entre las asistentes estaba Plubio Clodio Pulcro – político, agitador, que finalmente fue asesinado por los guardaespaldas de Milo - disfrazado con una túnica larga y un velo, y cuya intención era seducir o violar a Pompeya (no sabemos si por su belleza o por mortificar a César), y fue descubierto cuando se le obligó a hablar, por lo que Aurelia canceló la reunión.
Dada la ley romana, Julio César estaba en capacidad de llevar a Plubio a juicio y conseguir su culpabilidad, pero era consciente que podía afectar su futuro político, así como enemistarse con él, por lo que optó por no hacerlo y proceder injustamente al divorcio, manifestando que “la mujer del César debe estar por encima de toda sospecha”. De ahí la frase icónica “la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo”, y como pueden apreciar los atropellos de la política, en especial contra el sexo femenino y los más débiles, tiene antecedentes por más de 20 siglos.
De aplicar la susodicha frase a nuestros presidentes, y en este caso al actual, Julio César ya lo habría expectorado del cargo, pues los indicios de irregularidades y hasta delitos, son notorios, pero no es el único, pues en el Congreso, instituciones públicas, gobiernos regionales, provinciales, distritales, y en postulantes a la presidencia, también existen indicios suficientes para tal efecto.
Son preocupantes las numerosas denuncias de la existencia de organizaciones delincuenciales en instituciones importantes de la República. El ministro de Salud, doctor Hernán Condori, manifiesta que “ha encontrado varias mafias al interior del Minsa”, y pese al escaso tiempo en el puesto “las viene combatiendo”. El señor Hugo Chávez, gerente general de Petroperú, ha sido lapidario: “los fiscales están influenciados por mafiosos”, agregando que encontró en la institución - una de las más poderosas del país – funcionarios corruptos e incluso que no son profesionales, y señaló con nombre propio a la despedida gerente corporativa de cumplimiento. Según el abogado Nakasaki, su defendida y aspirante a colaboradora eficaz, señora Karelim López, ha declarado a la Fiscalía que, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, existe una mafia liderada por el propio presidente, y añade irregularidades en Sunat y en la Policía, donde existe una denuncia de venta de ascensos.
Si a ello les agregamos las investigaciones por organización criminal a partidos políticos, ex presidentes, gobernadores regionales actuales y anteriores, compras públicas durante la pandemia, específicamente en Essalud, ilicitudes en los poderes electorales, la acusación a la fiscal de la Nación de pertenecer a los ‘Cuellos Blancos’ y falsificación de títulos, y la cereza del pastel son las preocupaciones de siempre: delincuencia, sicariato, tala y minería ilegal, y narcotráfico, pareciera que en el Perú se han congregado los espíritus de Lucky Luciano (Maffia), Satoru Nomura (Yakuza), Raffaele Cutorro (Camorra), Semión Moguilévich (Mafia rusa), Matteo Messina Denaro (Cosa Nostra), Pablo Escobar (Cartel de Medellín), y Miguel Ángel Gallardo (jefe de jefes de los carteles mexicanos).
Ciertamente nos encontramos en una situación muy complicada más allá de lo político y económico, donde todas las instituciones (o la mayoría) han perdido la confianza de la población. Ello sucede por la pérdida de valores – donde lo legal derrota lo ético - cuya devastación produce crisis morales que pueden desintegrar a una sociedad. ¿Soluciones?, difíciles y duras. Legislar exigencias para quienes ocupen cargos públicos (incluyendo el Congreso de la República), posean no solo título profesional, sino trayectoria intachable y relacionada con el puesto, sin investigaciones con más de un año previo a la justa electoral (para contrarrestar la posibilidad de una acusación para evitar una presencia), y ampliación de las penas a los privados que participan en compras irregulares, nacionales y extranjeros, y penas de cárcel (al menos seis meses) para los supuestamente delitos menores.
Antonio Zapata, en ‘Oligarquía en guerra’, menciona el reconocimiento que le hizo el Congreso al presidente Manuel Prado, a raíz del conflicto con el Ecuador: “El Perú a Manuel Prado, defensor de la integridad nacional”, y comenta ‘la adulación de los Congresos sumisos ha sido inmensa en el Perú’, situación que ha cambiado cuando el Ejecutivo no tiene mayoría en el Parlamento, y la relación se ha vuelto más que tensa, agresiva. En tal sentido, es improbable que el país avance en la medida que los poderes del Estado se encuentren en conflicto permanente, por lo que es necesario, también, el cambio de dirigentes en todas las instituciones, no solo con nuevas elecciones generales para la presidencia, y también el Congreso, sino en aquellas que generan desconfianza a importantes sectores, como son las electorales y la fiscalía, agregando se prohíba postular al presidente, vicepresidenta, congresistas actuales, y ex candidatos a la presidencia en la última elección. Si es real lo que los políticos pregonan de su amor por el país y desinterés, este es un sacrificio que estarán dispuestos a realizar.
El país necesita un lavado de cara real, más allá del maquillaje. Hay congresistas que tienen calidades para su curul, pero como afirmaron el cura, Pero Pérez y el barbero maese Nicolás (capítulo I.7 de ‘El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha), cuando se preparaban para quemar los libros que condujeron a Alonso Quijano a sus aventuras, sin clasificarlos: “justos pagan por pecadores”. Es una necesidad nacional.
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