El sector agrario demanda políticas públicas para un crecimiento y desarrollo sostenible, que promueva su independencia económica más allá de ‘regalos’ o subsidios, de forma que se replique en la pequeña y mediana agricultura, lo que se ha conseguido con la agroindustria que, en 1990 exportaba US$ 293 millones, y en 2023 alcanzó US$ 10,165 millones, 35 veces más en tres décadas, y más de 25 productos a todos los continentes.
Para obtener un crédito es necesario tener claro lo que implica: es un préstamo de dinero que se otorga con el compromiso de ser devuelto en un período adecuado al negocio que se financia, y, por ende, se le otorga a quienes demuestran que pueden cumplir con el pago en los plazos acordados. En tal sentido, las campañas masivas de condonación afectan la confianza del sistema financiero en el sector.
Las garantías reales son importantes, en especial cuando se trata de montos elevados, pero lo fundamental es que el solicitante esté articulado a un mercado, su negocio genere flujo (utilidades), tenga experiencia en el mismo, y carezca de antecedentes negativos en el cumplimiento de sus obligaciones, no solo con el sistema financiero, sino con proveedores, tributos, y otros.
Dentro del sistema financiero privado, hay que diferenciar cada tipo de institución: la banca múltiple está orientada a las grandes empresas, corporaciones, y agroexportadores, y las cajas municipales, empresas financieras, y edpymes, al pequeño y mediano productor.
El crédito es un instrumento importante para el desarrollo rural, pero no basta con este. En lo que se refiere al sector agrario, lo son también la asociatividad, asistencia técnica, articulación al mercado, infraestructura hídrica y agro insumos de calidad. La tasa de interés (TEA, hoy TCEA considerando otros gastos) se fija en relación al riesgo del cliente. A mayor riesgo, mayor TEA.
El sector agrario es considerado de alto riesgo por las IFIs, más aún el pequeño y mediano productor, debido a cinco factores: a) eventos climáticos, el más importante b) informalidad, c) carencia de tecnología, d) dificultad en acceder a los mercados, e) zonas donde se desenvuelve, alejadas o de conflictos de diversos tipos.
Para la implementación de políticas efectivas se requiere información, y esta no siempre es real, actualizada o está disponible. En mi experiencia separaría a los productores en cuatro grupos: a) los 46,818 con más de 50 hectáreas, que hoy son sujetos de crédito en su mayoría, y 30,000 de ellos a través de la banca comercial; b) los 412,273 entre 5 y 49.9 hectáreas que, también, se encuentran en el sistema financiero formal, con las cajas municipales, empresas financieras, edpymes, y cajas rurales; c) los 251,001 entre 3 y 4.9 hectáreas que, podrían ser sujetos de crédito – algunos ya lo son – dependiendo del cultivo y con políticas de asociatividad; y, d) 1’503,414 entre menos de 0.5 hectáreas (507,137) y 2.9 hectáreas.
Entre estos últimos podrían haber 552,000 (hoy considerados de autoconsumo) que tienen otro ingreso proveniente de negocios, trabajos dependientes o independientes, y es posible accedan a créditos por alguno de estos, pues un productor con menos de 3 hectáreas es muy improbable genere utilidades, y por lo tanto no es sujeto de crédito, aún con una tasa de interés mínima, o hasta ‘0’ interés.
En nuestro país existe una tendencia a focalizar los problemas en una sola entidad, a veces en dos o tres. El problema de la delincuencia en la policía, el ministerio público, y el poder judicial. La educación, en el Ministerio de Educación, soslayando que las soluciones son transversales y para su implementación requieren la participación y articulación entre ellas. De igual forma sucede en el sector agrario, donde existe la concepción que es la banca estatal o de Desarrollo la que tiene que ocuparse de la atención a los pequeños productores, cuando la realidad demuestra que el sector privado financia diez veces más pequeños productores que Agrobanco.
La implementación de un seguro agrícola comercial que proteja la inversión del pequeño agricultor de eventuales eventos climáticos, a través de un Fondo cofinanciado por el Estado, promoverá el mayor acercamiento de la banca al campo, al minimizar y hasta eliminar el mayor de los riesgos. Hoy, las IFIs colocan aproximadamente S/ 3,300 millones a pequeños productores (incluyendo Agrobanco), lo que constituiría una inversión de aproximadamente S/ 4,700 millones, considerando que la banca financia aproximadamente 70% de la inversión, pues 30% restante corresponde a mano de obra. Dado que el costo de este seguro es 5% de la inversión, el total de las primas significaría S/ 236 millones. Si el Estado cofinanciara 70% de la prima, el Fondo sería de S/ 165 millones, y si proyectamos el crecimiento de las colocaciones a los pequeños agricultores en 15% anual, este sería de S/ 190 millones, menos de 0.1% del presupuesto nacional.
Esta propuesta generará críticas – en algunos casos altisonantes de quienes se jactan de experiencia en finanzas y agro - y consideran el fondo un subsidio en vez de una inversión. El seguro demandaría la formalización en la compra de insumos de los productores beneficiados con el cofinanciamiento. Una inversión de S/ 5,400 millones por parte de más de 400 mil pequeños productores (considerando 15% de crecimiento) representa una recaudación de S/ 819 millones en Impuesto General a las Ventas-IGV. No es todo: ahorro del Estado al tener que disponer de recursos para atender a productores afectados por catástrofes climáticas cuando se producen, reactivación del negocio agrario a través de tiendas de agro insumos formales, reducción de la pobreza y mejora del clima social en las zonas rurales.
Los fondos de cobertura son una herramienta adicional para incorporar productores al sistema financiero, y su utilización es más efectiva cuando se dirige a pequeños productores asociados u organizados en un proyecto sostenible y con mercado, y se les acompaña cofinanciándole gerentes con de capacidad demostrada, además de articulados a una empresa ‘ancla’ con experiencia en el mercado al cuál se dirigen. Ello demanda elevados niveles de conocimiento y profesionalismo en quienes administran estos fondos.
En este entorno la función de la Banca de Desarrollo – en todos los países del planeta – es vital y la trataré en la próxima publicación.
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