La esclavitud fue abolida, en la mayoría de los países, en la segunda mitad del siglo XIX. En el Perú, cuando San Martín proclamó la independencia, el 28 de julio de 1821, decretó la libertad de los hijos de esclavos nacidos después de esa fecha, y en 1854, Ramón Castilla la abolió totalmente.
En los Estados Unidos fue resultado de una guerra civil (1861-1865), y el presidente Abraham Lincoln, promotor de su supresión, fue asesinado una semana después del armisticio. En Brasil, la ley ‘Vientre Libre’ de 1871, otorgaba la libertad a los niños nacidos de madres esclavas a partir de dicha fecha. En 1885, una segunda ley la concedía a mayores de 65 años, y recién en 1888 la ‘Ley Áurea’ la establecía para todos los esclavos.
Según el informe ‘Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna’ de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2021, ‘cincuenta millones de personas viven en situación de esclavitud moderna: 28 millones realizan trabajos forzados y 22 millones en matrimonios forzados’, y la define como ‘situaciones de explotación a las que una persona no puede negarse o abandonar debido a las amenazas, violencia, coacción, engaño o abuso de poder’.
Aún con la abolición formal, continúan secuelas a través de modalidades maquilladas (migrantes que ganan menos del sueldo mínimo, mujeres obligadas a roles secundarios, en su mayoría en países musulmanes), y en muchos casos, aún alcanzada la libertad, se han mantenido formas de discriminación racial durante el siglo XX, y en el actual, aunque en disminución gracias a las reacciones de la sociedad.
En Estados Unidos, en 1956, la afroamericana Rosa Parks fue detenida por incumplir las leyes de segregación racial que la obligaban a ceder su asiento en un autobús público, a una persona de raza blanca. En la década de 1960, Martin Luther King continuaba la lucha contra la marginación, y en Sudáfrica recién en 1991se derogó la última ley que clasificaba a la población según raza (Apartheid).
En el Perú, los modos de exclusión han sido variados y numerosos: por etnia, género, origen geográfico, ingreso económico, oficio, centro escolar, posición política, y grado académico, por citar algunos, y aunque estas actitudes permanecen, han disminuido y son mal vistas por la mayoría de la sociedad. En países abiertamente antidemocráticos – y tolerados por las izquierdas – como Cuba, Corea del Norte, Venezuela, y Rusia, la libertad es un bien inexistente.
En este entorno, en la década de 1980 del siglo pasado, aparecen los conceptos de ‘inclusión’, extensivos a partir de 1990, cuando en la Conferencia Internacional de la UNESCO, en Tailandia, surgió el término de educación inclusiva para resolver situaciones de diversidad en los sistemas educativos. Luego, se comienza a tratar propuestas de inclusión social y financiera, entre otras, y en algunos casos confundiendo ‘igualdad de oportunidades’ con ‘igualdad total’ (la utopía imposible de ’Un mundo feliz’ de Aldous Huxley), como propugnan ideologías socialistas trasnochadas, soslayando que los seres humanos somos todos diferentes, con peculiaridades y, aun colocándonos en la misma línea de partida, en menos de lo que canta un gallo, estaremos en ubicaciones diferentes.
Estos han llegado a extremos de crear lo que denominan ‘lenguaje inclusivo’, esperpento que destruye las reglas idiomáticas y conduce a la exclusión, aunque la mayoría no lo entiende, y para muestra un ‘botón/botona: caracol/caracola – importante/importanta – planeta/planeto – teléfono/teléfona – pobreza/pobrezo – hambre/hambro – cuadro/cuadra. Imaginemos el batiburrillo internacional si esta descocada propuesta se extendiera en todos los idiomas.
Hablar de ‘inclusión’ es excluir a quienes somos diferentes, pues el verbo ‘incluir’ significa ‘poner una cosa en el interior de otra’ (RAE) o, mejor dicho, que Nancy incorpore en su ‘grupo’ (por usar este tipo de términos) a César, lo cual implica la primera está o se siente en un emplazamiento superior. Lo correcto es ‘integrar’, que denota ‘fusionar dos o más conceptos, corrientes, etc., divergentes entre sí, en una sola que las sintetice’ (RAE), donde tanto Nancy como César aportan sus conocimientos y tradiciones en una asociación nueva, en igualdad de condiciones.
El concepto señalado – cambiemos ‘inclusión’ por ‘integración’ – lo he expuesto en sucesivas conferencias en el país y el extranjero, desde 2017 en Bogotá, invitado para exponer en el foro “¿Hacia dónde debe dirigirse el financiamiento rural?”, promovido por el ‘Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario-FINAGRO’, en el que departí con su presidente, Carlos Ramiro Chaparro, y mi propuesta fue: “modificar la denominación ‘inclusión’ por ‘integración’, ya que el primer término es excluyente, pues implica traer a mi ‘grupo’ a quienes no se encuentran en él, y el segundo, en cambio, significa ‘unificación’, donde nos complementamos con nuestros conocimientos; adicionalmente, institucionalizar con diferentes tipos de organizaciones (financieras, educativas, empresariales, etc..) una plataforma de integración ‘única’, financiera, social, y cultural, aprovechando sinergias, fundamentada en el atributo de ‘diversidad’, donde todos tenemos aportes que realizar”.
Es, precisamente, la ‘DIVERSIDAD’ lo que constituye nuestro ‘Destino Manifiesto’, teoría según la cual un país tiene un atributo que lo hace único, diferente, y del cual sus nativos deben sentirse orgullosos. El Perú tiene 84 de los 114 microclimas en el mundo, 25 mil especies de flora (10% del planeta), 71% de los glaciares del mundo, 4,441 variedades de mariposas, 2,000 variedades de peces, y alberga alrededor de 70% de la diversidad biológica global.
Lo podemos constatar en la diversidad de cultivos, gastronomía, culturas, historias, etnias, y otros, en cada región, lo cual nos debe producir júbilo desde la cuna. Los currículos escolares deben hacer hincapié en ello. Dejemos de lado el término ‘inclusión’ y los cambalaches que se derivan de ella. No insistamos en identidad nacional, sino en integrarnos manteniendo las propias.
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