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Carlos Ginocchio / Impulso a banca de desarrollo (2 de 2) 



La banca de desarrollo (BDD) obligada a impulsarlo

 

Una herramienta – implementada en la mayoría de países de América Latina – es el seguro agrario comercial contra eventos climáticos, el cual protege la inversión – y por ende el crédito, dentro de ella – diferente al ‘seguro catastrófico’ que indemniza al productor con S/ 800 por hectárea, menos de 15% de la inversión en campaña de cualquier cultivo.

 

A continuación, un ejercicio si se implementara un Fondo de cofinanciamiento por parte del Estado de 80% del costo de un seguro comercial contra eventos climáticos, que acompañe a la totalidad de los créditos a los PYMPA, digamos menos de 20 hectáreas (cantidad a definir, según región geográfica).

 

·        Actualmente, 336,213 PYMPA acceden a un financiamiento (considerando Agrobanco) de S/ 3,338 millones (considerando a Agrobanco)

·        El sistema financiero, por lo general, financia 70% de la campaña (30% restante es la mano de obra), por lo que la inversión a financiar por el seguro, sería de S/ 4,769 millones (S/ 3,338 millones / 0.70)

·        El costo actual de la prima por parte de las dos aseguradoras que ofrecen el producto, es 5% de la inversión. La prima total de todos los productores ascendería a 238.5 millones de soles (S/ 4,769 millones x 0.05)

·        El Fondo del Estado, cofinanciando 80% del costo, asciende a S/ 190.7 millones anuales, menos de 0.1% del presupuesto anual del Perú.

·        Este Fondo constituye una inversión antes que un subsidio, si se articula con la obligación que los financiamientos se otorguen directamente a los establecimientos de venta de los agro insumos, o en una tarjeta de débito que pueda ser utilizada solo en dichos locales (en 2016, el Agrobanco implementó un piloto positivo de este plástico para productores en Sullana).

·        Con la condición referida en el acápite anterior, aseguraríamos el destino del crédito, promoveríamos la formalidad, contribuiríamos al crecimiento de las tiendas de agro insumos y el impuesto a las ventas (IGV) por las compras con dichos créditos ascendería al 18% de los S/3,338 millones de soles financiados: aproximadamente S/ 509 millones (3,338/ 1.18 = 2,829, luego 3,338 – 2,829 que es el valor venta = 509), 2.7 veces superior al Fondo.

Habrá quienes afirmen que actualmente existen productores que adquieren sus agro insumos en tiendas formales y ya contribuyen con el IGV, lo cual es cierto; no obstante, con que solo la tercera parte de los receptores de crédito no lo estén haciendo, o adquiriendo en cantidades insuficientes, y se integren a la formalidad, se recupera la inversión del Fondo.

·        Por supuesto que, al incrementar la banca los créditos al campo, el Fondo deberá crecer, como lo será también el impuesto, y el número de PYMPA con financiamiento.

·        Otras consecuencias positivas serán: a. reducción del gasto del Estado para apoyar productores afectados por eventos climáticos; b) mayor producción de alimentos y productividad; c) mejora del clima social; d) formalización de productores; e) reducción de la TEA a los productores al reducirse el riesgo; f) ingreso de más empresas aseguradoras al sector, y con ello la reducción de la prima de seguros; g) posibilidad de incluir en dicho aseguramiento un seguro de salud.

 

El seguro es una herramienta de inclusión superior al crédito, pero además de este, se requieren políticas para promover el financiamiento de inversión y la productividad. El sistema financiero no es suficiente para impulsar un financiamiento a mediano y largo plazo que capitalice y fortaleza al productor. Para ello mencionaré tres políticas que – por la limitación de espacio – trataré con más detalle en mi siguiente columna:

 

1.     Ley que permita a gobiernos regionales y provinciales avalar proyectos de inversión de productores organizados en sus zonas, ante instituciones financieras. En esta normativa se podrían incluir otros sectores que generan empleo, como es la industria.

2.     Desarrollo del sector forestal con fondos a largo plazo avalados por el Estado, y ante este, las garantías del inversionista, que incluiría por dicha facilidad, la participación de las comunidades nativas en las zonas que intervenga.

3.     Evaluación de los efectos de incremento de productividad en relación a reducción de tasa de interés. 


 

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