Propuestas Financiamiento agrario 2021-2050
Lo expuesto demanda la implementación de políticas agrarias por parte del Estado para acercar el financiamiento al campo, las mismas que trascienden a la sola presencia de la banca de Desarrollo, y que se proponen a continuación:
1) Seguro agrícola comercial que proteja la inversión y, por lo tanto, el crédito al pequeño productor ante eventuales eventos climáticos, cofinanciado por el Estado (como en la mayoría de países de América Latina). Si consideramos que la colocación actual a los pequeños productores alcanza S/ 2,200 millones, y dado que las instituciones bancarias, por lo general, financian 70 % de la inversión (30 % restante es mano de obra), la inversión de los 234,000 productores en el sistema financiero, se estima en S/ 3,142 millones.
El monto de la prima de este tipo de seguro (diferente a las limitaciones del actual catastrófico) es 3 % de la inversión (incluido IGV), por lo que asegurar la inversión de los actuales productores con crédito, para motivar les sean recolocados los préstamos luego de su cumplimiento, ascendería a S/ 94 millones. Si el Estado cofinancia 60 %, se requeriría un fondo de S/ 56 millones (0.30 % del presupuesto nacional 2021).
Con el objetivo de incorporar cada año al menos 70,000 nuevos productores al sistema financiero, el fondo se iniciaría con S/ 73 millones (0.4 % del presupuesto nacional 2021). El uso del Fondo debe estar acompañado de la decisión para que las instituciones financieras desembolsen a los productores un máximo de 20 % del crédito, y 80 % restante se dirija a los proveedores de agro insumos que el productor elija, registrando a estos proveedores en el sistema.
De esa manera se asegurará la correcta utilización del crédito, y la recuperación por parte del Estado (mediante el IGV) de S/ 352 millones (S/ 105 millones por el marginal de los nuevos 70 mil incorporados cada año), con lo que el cofinanciamiento sería recuperado.
Adicionalmente, la expansión masiva del seguro generaría el ingreso de nuevas empresas aseguradoras, con lo que el costo de la prima se reduciría. Esta política generará un mayor acercamiento de la banca al campo, la mayor compra de insumos agrícolas, la reactivación del empleo en las regiones, y mejora del clima social. En tal sentido, en diez a quince años podríamos tener 1 millón de productores con acceso al sistema financiero formal.
2) Fondos de cobertura por S/ 2,000 millones para 50 % del crédito que las IFIS otorgan a productores con menos de 20 hectáreas, individuales o asociados, estableciendo una tasa de Interés máxima, de la cual 1 % se destine para asistencia técnica, y estableciendo un límite de potencial pérdida según cada institución financiera que reciba dicha cobertura, de acuerdo a su patrimonio. Si las IFIS utilizan esta cobertura para sus pequeños productores actuales, con el saldo de garantía y el monto actual promedio del crédito que otorgan, podrían incorporar 150,000 productores adicionales, lo cual reforzaría el impacto de la propuesta anterior. Esta cobertura debe tener un límite de créditos por cada productor en la expectativa que la facilidad le permita su crecimiento, y luego, se dirija a nuevos potenciales clientes del agro.
3) Promover el desarrollo forestal a través de líneas de crédito por S/ 3,000 millones a largo plazo, otorgadas por las AFP que cuentan con dicha posibilidad, avaladas ante estas por el Estado, y a su vez garantizadas a este por los activos y fideicomisos de los inversionistas, incorporando a las comunidades nativas a los proyectos, con lo cual se atenderían 100,000 hectáreas, generando más de 500,000 empleos directos e indirectos. El potencial que tenemos es 90 veces mayor, pero sería un buen inicio.
4) Ley que permita destinar 2 % del presupuesto de los gobiernos regionales y locales para avalar ante instituciones financieras, créditos de inversión y capital de trabajo a pequeños productores.
El efecto sería de S/ 1,100 millones anuales (suponiendo dirijan el total a capital de trabajo), incorporando 110,000 pequeños productores, anualmente, al sistema financiero formal.
5) Actualmente, el Fondo AgroPerú ha concedido créditos a más de 30,000 productores afectados por la roya amarilla (tasa de interés: 5 % anual). Es una oportunidad para asociarlos, y con asistencia técnica, articularlos al mercado y un nuevo crédito, replicando el plan colombiano con la marca ‘Perú’, asegurándoles un precio de mercado con la exigencia de productividad y calidad.
Es necesario regular las intervenciones de este fondo para que no constituya una competencia desleal, tanto con el Agrobanco como con las restantes IFIS.
6) Fortalecer al Agrobanco con la escisión simple (propuesta desde 2017) de las cuentas no minoristas que le han generado su actual situación, nombrando directores independientes, incorporando un comité de vigilancia y asesoramiento formado por dirigentes de los gremios, e incrementando su capital, promoviendo su conversión en banca verde, orientándolo a la capitalización del pequeño productor, y difundiendo su tecnología con las IFIS.
7) Coordinar con la SBS para que en su tipología de créditos desarrolle uno orientado a las características del negocio agropecuario, con el cual se normen las colocaciones de las IFIS al mismo.
Con estas políticas podremos hacer masivo el crédito agrario a más de 1 millón de pequeños productores antes de 2050, en la medida que, adicionalmente, convirtamos la agricultura de subsistencia en sujetos de crédito, con programas de asociatividad, inversiones para reducir la brecha de infraestructura (principalmente en caminos o agua como recomienda el BID), provisión de semilla garantizada, reconversión de cultivos articulando a los mercados el cultivo reemplazante, campañas de cambio de hábitos (pan de yuca o papa en vez de trigo), y tecnología para corregir deficiencias de los actuales sistemas de comercialización, permitiendo que las organizaciones de productores (a través de sus celulares o lap top) lleguen directamente con sus cultivos a bodegas y hogares, e integrando los programas de fondos concursables del Estado con programas de acceso a los mercados. De esa manera tendremos antes de 2050 un sector rural articulado a los mercados nacionales e internacionales, la erradicación de la pobreza, y lo más importante, un país sostenible.
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