El economista Pedro Francke, supuestamente asesor económico del profesor Castillo, señala “no habrá estatizaciones, expropiaciones, control de precios, confiscación de ahorros, ni cierre de importaciones, se mantendrá la autonomía del BCR, se colocará un impuesto adicional a las mineras en base al sobreprecio del cobre en alza (en Chile se ha aplicado), no se ha definido una alternativa en el tema de las AFP, pues depende del Congreso donde no tienen mayoría, se acelerarán las vacunaciones y las inversiones públicas, promoviendo también las privadas”.
Se insiste en la modificación de la Constitución a través de un referéndum (espero por los canales constitucionales), mencionando el artículo que establece “las inversiones nacionales tienen los mismos derechos que las extranjeras”, condición que no se encuentra en ninguna Constitución del continente americano.
Salvo el tema de la modificación total de la Constitución, que crearía un período de incertidumbre cuando necesitamos de estabilidad para atraer inversiones y resolver los efectos de la pandemia en el empleo, las propuestas referidas son beneficiosas, aunque ya el congresista Bermejo lo ha deslegitimado. Añade se “promoverá el empleo en la pequeña empresa y en el agro”, tema del cual se ocupa esta columna.
La ‘Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO’, realizada por INEI, comparando los trimestres Abril-Junio 2019-2020 expone que “durante el segundo trimestre de 2020 la PEA ocupada en Lima Metropolitana cayó 57%, respecto al mismo trimestre del año 2019, en las demás ciudades del país, cayó 42%, pero en las zonas rurales la caída fue solo 6%.
El empleo en zonas rurales no cayó tanto porque hay más personas, pues al inicio de la pandemia miles de peruanos retornaron al campo. Desde 2002, la población en edad de trabajar, conformada por personas de 14 años o más, venía cayendo en el Perú rural. En el segundo trimestre de 2020, aumentó para llegar a niveles de hace 5 años.
El grueso de peruanos que fueron a las zonas rurales se empleó en la categoría de trabajadores familiares no remunerados, incrementándose estos desde 949,000 hasta 1’352,000. Los trabajadores asalariados, en el sector rural, cayeron desde 868,000 hasta 487,000, y los independientes, desde 1’829,000 hasta 1’634,000.
Como consecuencia, la pobreza monetaria afectó, en 2020, al 45,7% de la población del área rural, incrementándose en 4,9 puntos al compararla con el año 2019. Los mayores niveles de pobreza se registraron principalmente en la Sierra rural (50,4%), seguido de la Selva rural (39,2%) y Costa rural (30,4%), y a nivel de regiones, en Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Puno, cuya pobreza monetaria se ubica en el rango entre 41,4% a 45,9%, donde uno de los candidatos alcanzó mayor cantidad de votos, y el contrincante no expuso una oferta clara de propuestas para el agro.
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