Carlos León Moya, en el prólogo a “Historia Secreta del Perú 2” de Fred Rohner, escribe: ‘No somos una república. Y así llegaremos al Bicentenario. Sin serlo…Los valores republicanos -igualdad, ciudadanía, instituciones- no existen en el Perú o existen solo en el papel, que es lo mismo que no existir…nuestro deseo por un hombre fuerte y providencial que ordene todo a la fuerza, un legado que atravesamos desde la independencia…la mayoría de peruanos no cree hoy en nadie: ni en sus representantes ni en sus instituciones’. Lapidario y penoso, pero cierto.
Uno de los sustentos para defender o atacar las decisiones del gobierno durante la pandemia, es que somos un país con 72% de informalidad. Siete de cada diez peruanos se desempeñan en negocios o empresas informales y en teoría no pagan impuestos, como si evadieran también el IGV, por lo que escuchamos numerosas declaraciones sobre la dificultad de aplicar políticas para atender la crisis.
La realidad es que hasta la fecha no he apreciado un análisis global del fenómeno ‘informal’. Éste no es 70%, diría 100%, pues la medición no debe hacerse solo en el aspecto laboral. Veamos. Según el Censo de 2017, una de cada cuatro parejas en el área urbana (25.2%), y una de cada tres en el área rural (31.9%) conviven sin formalizar su relación.
Uno de cada tres productores agrarios no tiene sus tierras inscritas en registros públicos, y 112,000 no cuenta con DNI. Aunque no tengo información, son miles las personas que construyen o mejoran sus viviendas sin registrar su condición en Registros Públicos, y los autoavalúos de todos los propietarios en el país presentan menos de la tercera parte de su valor real para pagar menos impuestos, cuando bastaría establecer el valor real y reducir el actual impuesto en tantas veces como este se haya actualizado, pero preferimos seguir jugando a las mentirillas.
No es lo único. Personas que han transferido su vehículo, no han registrado el nuevo propietario en SUNARP. Empresas supuestamente formales que contratan personal fuera de planilla acogiéndose a la enorme cantidad de sistemas que el Estado ofrece. Trabajadores que hoy se desenvuelven como cantantes y mañana como coaching.
La informalidad es parte de nuestra vida diaria y con raíces históricas. En el siglo XVI tuvimos dos incas simultáneos, Huáscar y Atahualpa. Las leyes del Virreinato dictadas por España eran letra muerta. El Libertador expectoró al declarante de la Independencia. Cuando Castilla, en 1854, abolió la esclavitud, pagó por su liberación a los propietarios por un número mayor de los reales. Contrato Dreyffus. Tres presidentes durante la Guerra del Pacífico; 1,874 distritos con poblaciones desde 15,000 hasta más de 1 millón de residentes, lo cual hace al país ingobernable y dificulta cerrar las brechas de infraestructura. Clubes de fútbol sin estadios y partidos políticos sin afiliados.
Se pretende combatir la informalidad de las pequeñas empresas reduciéndoles impuestos, golpeándolas con las fuerzas policiales o con ayudas asistencialistas que no son sostenibles, en vez de buscar articularlas a mercados para incrementar sus ventas. Se intenta promover el matrimonio en base a creencias religiosas, en vez de establecer un menor impuesto para estas.
Es que nuestros legisladores, en su mayoría, tanto a nivel Ejecutivo como Legislativo, se ubican en tres categorías: quienes creen que el Mercado resuelve todos los problemas sin participación del Estado, aquellos que consideran que las respuestas están mayoritariamente en el Estado, y finalmente, los que no tienen ni idea de cómo atender los problemas y solo calientan sus sillones. En cada caso, viven en su burbuja y desconocen la realidad, la que ni siquiera han estudiado en los libros, y menos aún en la ‘cancha’, y en ningún caso en ambas.
Mientras no abordemos el problema de la informalidad en forma integral, esta persistirá en todos los niveles. No es un tema de ideologías. Hemos aplicado todas, socialismo, economía de mercado (que no es tal, por los monopolios y la escasa protección al consumidor), sino de sistemas que motiven a la sociedad a su formalización, otorgando incentivos para ello y eliminando trámites (fuentes de corrupción). Las decisiones, por supuesto, serán impopulares, como por ejemplo la fusión de distritos y gobiernos regionales, pero son necesarias y ya no con miras al Bicentenario, sino al siglo XXII.
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