Los dos temas que han dominado nuestra agenda en los últimos tiempos, son la corrupción y la informalidad. Respecto a la última, el debate se ha circunscrito a temas económicos y de propiedad, soslayando que es un fenómeno que se extiende a toda nuestra sociedad: parejas que conviven sin un lazo matrimonial, personas que venden sus vehículos sin inscribir la operación, auto avalúos que no reflejan el valor de los inmuebles, empresas que contratan trabajadores casi clandestinamente, ciudadanos que se mudan de sus residencias o cambian su estado civil sin registrarlo en su documento de identidad, y la relación es interminable.
La informalidad como elemento de la sociedad peruana aún no ha sido estudiada integralmente, y ello hace difícil la implementación de soluciones efectivas. Se tiende a asociar informalidad con pobreza. Craso error. Existen comerciantes que poseen y ganan fortunas y no declaran totalmente sus ingresos, como profesionales en sectores como el derecho o la medicina, por citar algunos.
Se promueven soluciones con fundamentos en la tributación. Reducción de impuestos como si los informales pagaran alguno, o regímenes diferenciadores que no han logrado los efectos esperados, y continuamos con 70% -quizás más tras la pandemia– de informales, desde el punto de vista económico.
Una de las teorías más divulgadas es la importancia de reconocimiento de las propiedades y su inclusión en los registros públicos para otorgarle valor a las posesiones de los considerados informales, y además, puedan acceder al financiamiento que, sin duda, es un factor clave para el crecimiento de un emprendimiento comercial o productivo. No se analiza que existen productores agrarios con fincas de diez hectáreas inscritas en los registros públicos, valorizadas en más de US$ 200,000, y no por ello pueden acceder a financiamiento ni al mercado.
Para quienes hemos transitado durante nuestra trayectoria profesional en instituciones financieras, está claro que el crédito no se cimenta en la garantía, sea el origen o valor de esta. El sólo hecho de contar con un inmueble en San Isidro, valorizado en US$ 300,000 o más, no convierte necesariamente en sujeto de crédito. Los bancos, cajas municipales, cajas rurales, edpymes, y financieras supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros, y AFP, evalúan los requerimientos de créditos en base a los flujos que produce cada negocio, a la generación de ingresos, a su articulación a un mercado. No basta con la propiedad, por más formal que fuese, aún cuando el valor de esta supere con creces el monto del financiamiento solicitado. Lo último que desean las instituciones financieras es convertirse en inmobiliarias.
¿Cómo enfrentar la informalidad de tipo económico, además de acciones de inspección y control como las que realiza la SUNAT? La única forma está en el desarrollo de políticas que permitan a los informales ganar dinero con su formalización, y para ello es necesario articularlos al mercado, lo cual no es tarea sencilla, habida cuenta que si la economía de mercado, sin monopolios ni oligopolios, es la mejor y más sana herramienta para atraer inversión, generar empleo, y promover el bienestar de los consumidores, el mercado no es perfecto. Solo Dios lo es en nuestro sistema solar.
Se requieren instituciones de desarrollo sólidas y programas estatales permanentes y sostenibles -no limosnas eventuales- que promuevan su asociatividad, los capaciten con asistencia técnica, les otorguen financiamiento a tasas de mercado, y los contacten con los compradores, hasta que puedan desenvolverse por su propia cuenta. La formalización de la propiedad es fundamental, pero no basta para el financiamiento y para formalizarse.
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