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Carlos Anderson / Escuchar una versión distinta

La presencia en el Perú de la misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), al activarse la carta Democrática a pedido del gobierno de Pedro Castillo, ha generado todo tipo de reacciones desde diferentes frentes. Es fundamental que este grupo de diplomáticos se reúna con la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, para que tengan una visión distinta a la presentada por el Ejecutivo. Si no hay una reunión con la fiscal de la Nación, esto va a desacreditar totalmente a la misión. No importa si se reúnen, por ejemplo, conmigo u otros congresistas, porque nosotros somos voces complementarias. La voz fundamental es la de la fiscal de la Nación.


Desde el punto de vista formal la verdad, esta no tiene mucho impacto. Si las cosas fueran terribles como si hubiese un golpe de estado en marcha, ¿qué podría pasar? Sacan un informe absolutamente a favor del presidente Castillo. Ante este panorama, esta representación de la OEA debe llegar con la disposición de escuchar una visión alternativa a la que le han presentado, pues, a su juicio, solo tienen la visión del Gobierno, una versión realmente tontísima y mentirosa sobre un golpe de Estado.


Para el parlamentario, en el país sí hay un golpe de estado en marcha, pero que viene desde el lado del Ejecutivo, una estratagema para, básicamente cerrar el Congreso y eso sí es un golpe de Estado. Se puede cerrar el Parlamento mediante medidas legítimas como con dos negaciones de confianza, pero el Gobierno busca hacerlo con otras maniobras, como la impulsada al estilo de Aníbal Torres, a la mala, sobre un tema que no corresponde a la política general del Gobierno, que es responsabilidad del Congreso de la República, amenazando que va a interpretar fácticamente el rechazo y todo lo demás es una prepotencia en todo sentido y solo consolidaría un golpe del Ejecutivo en marcha.


La Fiscalía de la Nación le abrió al presidente Pedro Castillo, siete carpetas sobre presuntos actos de corrupción en las que incluso lo investigan por presuntamente encabezar una organización criminal enquistada en el gobierno. Ante este panorama, el trabajo del Ministerio Público es incómodo para el Ejecutivo.


Lo que el gobierno no quiere es tener una Fiscalía que lo ha investigado y que ha actuado de acuerdo con la ley, que se ha encontrado con una serie de evidencias. Este Gobierno, para que el presidente no pase de ser presidente a presidiario está utilizando todos los instrumentos del Estado.


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