Salir del hoyo económico en el que nos encontramos requiere de una activa participación del Estado, mediante la puesta en marcha de la gran obra pública, especialmente aquella encapsulada en el bello durmiente llamado “Plan de Infraestructura para la Competitividad”—con sus 52 proyectos y sus 100 mil millones soles de inversión potencial. Pero, esto no será posible a menos que hagamos un cambio profundo en la forma cómo el Estado se ha organizado para impulsar la inversión pública.
Está claro que el estado actual de cosas no funciona y que las entidades del Gobierno Nacional—ministerios, regiones, municipios—titulares de proyectos de inversión pública, carecen de las competencias técnicas, profesionales y de transparencia necesarias para realizar las obras de infraestructura física con la eficacia y eficiencia que el país requiere sin que haya en ellas un asfixiante olor a corrupción. Las cosas en materia de inversión pública no funcionan--al punto de habernos visto forzados—en reconocimiento explícito de nuestra incapacidad para construir puentes, pistas, hospitales, viviendas, recintos deportivos, etc.--a hacer un “outsourcing” al gobierno del Reino Unido de los dos más importantes retos de infraestructura de la última década: los Juegos Panamericanos del 2019 y la Reconstrucción del Norte.
Necesitamos por ello, hacer algo radicalmente diferente, dar un giro de 180 grados y volver a crear un Ministerio de Fomento y Obras Públicas--una versión para el siglo XXI del viejo ministerio fundado por Nicolás de Piérola en 1896 como punta de lanza para la reconstrucción del país luego de la Guerra del Pacifico. En ese entonces, la fundación del Ministerio de Fomento y Obras Públicas marcó un hito en la reestructuración de post-guerra, dejando claramente establecido que una de las obligaciones del Estado era “promover el desarrollo económico y material del país”.
En su versión Siglo XXI, el Ministerio de Fomento y Obras Públicas 4.0 haría propias “todas las actividades relacionadas con el diseño, concepción, provisión y mantenimiento de la gran infraestructura física—de transporte y comunicaciones, vivienda, salud, educación, de información y construcción de una economía digital, etc.—sea ésta a nivel nacional, regional o municipal.
El nuevo ministerio absorbería funciones y recursos diseminados hoy en diversos ministerios y contaría con una Dirección de Pre-inversión, el cual—a su vez—gracias a la asesoría y colaboración internacional—estaría entonces en condiciones de desarrollar proyectos de inversión de calidad mundial, y no proyectos que por su pobre calidad hoy son capaces de atraer a “un solo postor”, usualmente el menos idóneo o el más corrupto.
Además, el Ministerio de Fomento y Obras Públicas 4.0, tendría una Dirección de Administración de Proyectos, una versión mejorada del actual Pro inversión, encargada de contratar con la banca de inversión nacional y/o internacional para asegurar la conducción eficaz, efectiva y transparente de los procesos de adjudicación vía Asociación Público-Privada (APP) o mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, pero de obras que hayan sido previamente visibilizadas por el gobierno nacional producto de un análisis estratégico de necesidades y no como sucede en la actualidad.
Finalmente, el nuevo Ministerio tendría una Dirección de Seguimiento y Mantenimiento, con el fin de ponerle punto final a la tragedia que significa invertir ingentes cantidades del erario publico en infraestructura que al poco tiempo cae en desuso, o sufre las consecuencias de su mal diseño técnico o de ingeniería—todo esto sin que nadie se haga responsable ni pague las consecuencias.
Parece una tremenda ironía que para salir de la crisis y adecuarnos al mundo post pandemia tengamos que recurrir a un esquema institucional de fines de siglo XIX. Pero asi están las cosas. La corrupción, la burocracia ambigua e indolente y la falta de liderazgo institucional nos han llevado a la situación actual, con brechas de infraestructura que nos separan de la modernidad, y recursos escasos desperdiciados sin piedad.
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