PETROPERÚ: ¿se está fraguando una quiebra fraudulenta?
Entre las obligaciones a corto plazo están los préstamos bancarios sin garantía de 1,033 millones de dólares y la deuda con sus proveedores comerciales (Trafigura, Petrochina, Petrotal y CNPC) que asciende a 1,548 millones de dólares. Las obligaciones comerciales tienen carta fianza, por lo tanto, los pagos son perfectamente reprogramables, seguramente con un costo financiero adicional asumible. Las deudas menores a corto plazo con Técnicas Reunidas y Cobra deben quedar en stand - by a la luz de lo que está pasando en la NRT.
Para reducir el CT negativo que se duplicó en el 2023, hay varias salidas que se pueden arbitrar simultáneamente:
a) Dar prioridad a la liquidez, aunque sea en detrimento de la rentabilidad, desinvertir activos no productivos, es decir, aquellos bienes que no están ligados al giro del negocio, reducir drásticamente los costos fijos, emitir valores de renta fija con el aval del accionista y poner en marcha un severo plan de austeridad
b) Si lo anterior es insuficiente, no habrá más remedio que solicitar al accionista aporte de capital fresco o un nuevo préstamo. Esta opción es factible, si el gobierno no cede a la presión de los privatistas.
c) De no darse lo anterior hay otras vías, como las operaciones de capital con terceros (nuevos socios y alianzas estratégicas) y acuerdos con los acreedores financieros, los deudores comerciales, etc.
Por otro lado, Petroperú tiene deudas a largo plazo: i) primera emisión de bonos en 2017 por 1,000 millones de dólares a 15 años y una tasa de interés de 4.75% anual, ii) segunda emisión de bonos por 2,000 millones de dólares a 30 años y una tasa de 5.625% y iii) un préstamo sindicado (CESCE) por 1,300 millones de dólares con vencimiento en 2030 a una tasa de 3.285%. Todas estas obligaciones son perfectamente manejables, tan pronto se reactive la empresa con una refinería en pleno rendimiento y una estructura organizacional redimensionada.
Evidentemente, las dificultades financieras de la empresa pueden ir de menos a más, si no se toman las medidas correctivas certeras y urgentes. También es verdad que Petroperú tiene un superávit patrimonial de 1,830 millones de dólares y unas inversiones o activos fijos (propiedades, plantas, cuentas por cobrar, etc.) valorizados en 8,425 millones de dólares al cierre del 2023 (véase los EEFF de 2023).
Las pérdidas no cesan
Petroperú tiene una pérdida acumulada de 854 millones de dólares al cierre de 2023. Sólo el año pasado se tuvo una pérdida de 823 millones de dólares debido principalmente a una caída de los ingresos totales por más de 1,500 millones y el aumento de los gastos administrativos y financieros. Al cierre del primer trimestre de 2024 (1T24) las pérdidas declaradas ascienden a 183 millones de dólares cuyas causas son los abultados gastos administrativos y financieros. La dirección de la empresa ha proyectado unas pérdidas de 313 millones de dólares para 2024 (véase AD -166 - 2023-PP).
Según el Informe Estadístico del MINEM (5 de junio 2024) la cuota de mercado de la empresa en abril es apenas de 22.2% (equivale a la venta de 60.7 MBDC). Por otro lado, se conoce extraoficialmente, la salida de importantes clientes mineros de Petroperú (Volcán, Antapacay y próximamente Cerro Verde) lo cual podría agudizar el problema. La pérdida proyectada puede ser aún mayor.
¿Cuál es el origen de esta millonaria pérdida? ¿Quiénes lucran con el negocio de la empresa de todos los peruanos? ¿Pueden los accionistas de una empresa pública o privada confiar en directores y gerentes que llevan su negocio a la bancarrota? ¿Hay o no culpables de este desaguisado? Las respuestas son obvias. Petroperú es un caso de “juego de suma cero”, donde unos ganan sin merecerlo y otros pierden. ¿Qué ocurre cuando una empresa no tiene rumbo, no tiene liderazgo?, se produce anarquía, caos, corrupción, nepotismo, etc. donde cada parcela de poder, “jala agua para su molino”. Nadie es responsable de nada. Lo sucedido en la NRT hace unos días es un ejemplo de lo dicho.
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