SUBTITULO: ¿Qué es mejor, la bancarrota de familias o condonar deudas financieras?
Aproximadamente 10 millones de peruanos tienen deudas con las entidades financieras (bancos, cajas, financieras, edpymes, cooperativas, etc.) y exigen “congelar” o dejar de pagar sus deudas por 12 meses, hasta que la economía se recupere plenamente. También piden que no se afecte su clasificación crediticia en las centrales de riesgo.
Las razones están a la vista. El coronavirus ha causado una crisis económica, social y sanitaria sin precedentes. En cifras: la economía peruana cerrara este año con PBI negativo próximo al 20%. De acuerdo al INEI (julio 2020), sólo en Lima Metropolitana, la población económicamente no activa (No PEA) llegó en junio a 5,277,000 (diciembre 2019: 2,511,300). El desempleo paso de 6.1% de diciembre a 16.3% en junio (subempleo :41.8%). La inversión privada caería en torno al 35% del PBI. La clase media se reduciría en 600 mil hogares y su recuperación se demoraría 5 años. La pobreza monetaria llegaría a 32% este año (2019: 20.2%). Se estima que hay 3 millones 500 mil hambrientos, etc. En este contexto el debate en torno a millones de familias que se han declarado insolventes que no pueden pagar sus deudas, cobra capital importancia.
En junio último, la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó un proyecto de ley que propone congelar (aparcar o “patear”) las deudas con las entidades financieras por 90 días. El saldo de la deuda podrá ser reprogramado entre cinco años a más, según como fije la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). La reprogramación incluye los créditos de consumo, los préstamos personales, tarjetas de crédito que permita la disponibilidad de efectivo o compra de productos o servicios, los prestamos revolventes y no revolventes, créditos vehiculares y préstamos hipotecarios para vivienda contraídos por personas naturales. Sin embargo, según esta iniciativa no podrán solicitar el congelamiento de sus deudas las personas que tienen créditos con las cajas municipales, cajas rurales, empresas microfinancieras y las cooperativas. Tampoco serán favorecidos por esta medida los trabajadores con rentas de quinta categoría (en planilla) que mantengan su condición laboral hasta el 15 de marzo.
Respuesta del ejecutivo
Sin duda, la iniciativa del congreso es poco pensada, atolondrada y timorata que no resiste un análisis técnico serio. No obstante, sirvió para que Julio Velarde del BCR, la señora Heysen de la SBS y la joven Ministra de Economía y Finanzas (MEF) respondieran en coro diciendo que, de aprobarse tal iniciativa, podrían quebrar 26 entidades financieras, el sistema financiero entraría en riesgo y afectaría los ahorros de 6 millones de peruanos, se estancaría el desarrollo del país, … bla, bla, bla (véase Agencia Andina y RPP Noticias del 14 de junio de 2020). Por su parte, Martin Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos (ASBANC), dijo que serían 10 millones de ahorristas los potenciales perjudicados con dicha medida.
La jefa del MEF fue más allá y dijo: “el proyecto de ley del congreso no afecta a las entidades (bancos) sino, a los ahorristas: 9 de cada 10 soles que hay en dichos bancos es dinero de los ahorristas y tenemos que preservarlo como parte de la reactivación. Este proyecto es inoportuno, añadió”. La pregunta de rigor. ¿Sabe la ministra a cuánto asciende el ahorro de las personas naturales en el Perú? ¿Cuál es la capacidad de ahorro que tienen los peruanos? ¿Conoce la fuente de los fondos que manejan los bancos? Pareciera que no.
Las cifras de las empresas financieras
El Sistema Financiero Peruano (SFP) es regulado y supervisado por la SBS, así como por la SMV y por el BCR, de acuerdo a sus respectivas competencias. Está conformado actualmente por 53 empresas, entre Bancos, Financieras, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (“CMAC”), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (“CRAC”) y Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYMES). Existen otras entidades financieras que otorgan financiamiento en nichos de mercado específicos, algunas de las cuales se encuentran fuera del ámbito de supervisión de la SBS, como son las empresas de Arrendamiento Financiero, de Factoring, las Administradoras Hipotecarias y algunas ONGs.
De acuerdo a las cifras publicadas por la SBS, a diciembre del 2019, el total de activos del sistema financiero ascendió a 465,850 millones de soles, registrando un crecimiento de 8.01% respecto a diciembre del 2018, con un aumento promedio anual de 7.45% en el periodo 2015 – 2019. El crecimiento del sistema financiero representa 3.7 veces el crecimiento del PBI nacional del 2019 (2.16%), manteniendo su comportamiento histórico, pero con menor ritmo en los últimos años por el bajo dinamismo económico, la caída de la inversión pública y la situación de excedentes de liquidez en el mercado [2].
El SFP se caracteriza por su alto grado de concentración en sus operaciones. Los cuatro principales bancos (BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank), tenían a diciembre del 2019 el 72.79% de la cartera de colocaciones o préstamos otorgados y 73.62% de los depósitos totales captados del público. El resto del mercado se repartían entre los bancos pequeños, las financieras, las cajas y las edpymes. Claramente, los cuatro bancos tienen la hegemonía total del SFP y en ese escenario es latente el riesgo de que haya colusión explicita entre ellos.
[1] Alejandro Narváez Liceras. es Profesor Principal de Gerencia Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
[2] Véase las memorias anuales de BCR, SBS, ASBANC y los informes trimestrales presentados por los bancos a la Bolsa de Valores de Lima.
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